FACUA ve ridículas las multas de la Junta a Vodafone: sólo 1,8 millones por siete infracciones muy graves

FACUA Andalucía considera rídículas las multas aplicadas por la Junta de Andalucía a Vodafone por una larga lista de fraudes masivos a los consumidores. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes imponer tan sólo 1,8 millones de euros de sanción a la multinacional por siete infracciones calificadas como muy graves.

Entre las irregularidades objeto de sanciones se incluyen varios fraudes denunciados por FACUA ante la autoridad de consumo de la Junta en los últimos años. Al igual que ocurre en todas las irregularides masivas denunciadas por la federación, la autoridad de consumo autonómica no le ha facilitado ninguna información sobre las actuaciones durante la tramitación de los expedientes.

Una vez más, el Gobierno andaluz no ha incluido en las multas el comiso de las cantidades con las que se ha beneficiado la empresa gracias a sus prácticas fraudulentas. Además, las cuantías de las sanciones están muy por debajo del máximo establecido en la legislación andaluza de protección al consumidor ante infracciones muy graves. Así, frente a los hasta 400.000 euros que establece el régimen sancionador de la Ley13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Junta ha limitado las multas a 220.000 euros en la mayoría de los casos.

FACUA Andalucía señala que si la Dirección General de Consumo no cuantifica en sus expedientes sancionadores el beneficio económico que obtienen las empresas con sus fraudes, difícilmente fijará nunca multas que resulten disuasorias. En este caso, indica la federación, resulta evidente que no se ha valorado al fijar las sanciones el volumen de negocio de Vodafone en Andalucía, donde cuenta con 3,5 millones de clientes y alrededor de 1.200 millones de euros de ingresos anuales.

Multada anteriormente por los mismos motivos

La federación de consumidores considera inexplicable que la Junta imponga sanciones tan reducidas pese a que reconoce que en "en todas las infracciones se produce el agravante de que Vodafone España ya había sido sancionada en ocasiones anteriores". Resulta evidente, advierte FACUA Andalucía, que las multas tienen poco de ejemplarizante y por el contrario representan una invitación a la compañía a seguir defraudando dado que los beneficios son mucho mayores que el castigo del que puede ser objeto.

Según ha informado la Junta, "de acuerdo con la legislación autonómica de consumo, estas siete infracciones alcanzan la tipificación de muy graves al concurrir las circunstancias de haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un gran número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado".

Falta de información a los afectados

Por otro lado, FACUA Andalucía critica que en el comunicado que ha hecho público, la Junta de Andalucía no detalla con la suficiente claridad cuáles son las prácticas fraudulentas sancionadas, por lo que dificulta o imposibilita a los usuarios afectados que conozcan que han sido objeto de cobros ilegales y ejerzan su derecho a reclamar las correspondientes devoluciones. Además, tampoco es posible conocer si las irregularidades objeto de multas siguen cometiéndose, un dato especialmente importante, máxime teniendo en cuenta que el ejecutivo autonómico advierte que en todos los casos se trataba de reincidencia en las infracciones.

En la escueta información difundida por el Gobierno andaluz se señala que las siete sanciones a Vodafone son fruto de infracciones constatadas en 2013. "Quedó probado que Vodafone España realizó publicidad engañosa, infracción que se sanciona con 220.000 euros", aunque no aclara a qué anuncios se refiere; "no formalizó contratos con usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas en las modalidades de prepago (350.000 euros), y exigió fianzas para las solicitudes de portabilidad y cobró por la liberación de terminales, incurriendo así en prácticas contra la libertad del consumidor para contratar una prestación (300.000)".

Asimismo, "la operadora introdujo cláusulas abusivas en los contratos (sanción de 325.000 euros)", de las que la Junta no facilita detalle alguno; "no aportó información suficiente sobre los procedimientos de extinción o resolución y negó la solicitada expresamente sobre las condiciones generales de contratación (220.000 euros); incumplió obligaciones derivadas de la garantía al establecer un periodo de un año en el caso de los móviles 'outlet' (220.000), y no atendió los sucesivos requerimientos realizados por la Administración (220.000)".