Abusos e impunidad de la banca: millones de David contra Goliat

Thomas Jefferson (1802): "Si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron".

La banca vulnera de forma reiterada la normativa de protección de los consumidores sin consecuencia alguna y con total impunidad. No se trata sólo de incumplimientos puntuales, cometidos de forma aislada a usuarios "poco informados" y carentes de intencionalidad, sino que se trata de abusos generalizados, desarrollados a lo largo de años, algunos de forma sistemática, organizados e incluidos en sus operativas habituales de relación con la clientela.

El gran engaño de las preferentes, los swaps, las comisiones por servicios no prestados ni solicitados, los desahucios, las cláusulas suelo, las numerosas cláusulas abusivas... El historial sigue en aumento en la misma proporción que la percepción de inmunidad y protección de la banca que tenemos la gran mayoría de la ciudadanía.

A día de hoy pueden identificarse más de 80 cláusulas incorporadas por los bancos en préstamos hipotecarios y personales que han sido declaradas abusivas por jueces y tribunales españoles. Cláusulas incorporadas a contratos tipo, condiciones generales de la contratación que habrán afectado, y seguirán afectando, a miles de consumidores.

Sin capacidad negociadora

El consumidor no tiene capacidad negociadora con un banco, ni pacta los términos de su contrato. Bruselas ha considerado que la ley hipotecaria española es abusiva e ilegal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, beneficiando claramente a la banca.

Pese a que en estos años han sido insistentes los intentos de culpabilizar al consumidor por analfabeto financiero e irresponsable, la realidad es que la desigualdad y el desequilibrio en las posiciones de uno y otro han sido dolosamente aprovechados por el sistema financiero en su exclusivo beneficio.

Se ha invocado a la insuficiente educación financiera de los consumidores, a su negligencia por no leer lo que firmaban y se ha puesto en duda incluso que no comprendieran las obligaciones derivadas de la contratación de productos financieros complejos.

ntonio Rubio (CC BY 2.0).

Sobre la escasez de información, la falta de transparencia, la prevalente y superior posición de la banca en la contratación de servicios y productos financieros, su clara intencionalidad de generar confusión y aprovechar su ventaja en la contratación para imponer condiciones abusivas al consumidor, sobre todo esto y más, nada han concluido las autoridades y reguladores de este país. No hay cursos de formación y rehabilitación para banqueros abusones ni el Banco de España ha habilitado en su web una apartado que diga "Cómo prevenir y detectar abusos bancarios".

En los últimos años, tanto el Banco de España, la CNMV, autoridades de consumo y defensores del pueblo han recibido cientos de miles de reclamaciones de consumidores contra la banca por cláusulas y prácticas abusivas. Sólo en 2015, las organizaciones de consumidores en España recibieron 299.787 consultas y reclamaciones sobre servicios financieros.

Denuncias de FACUA

FACUA ha presentado en estos años denuncias contra la banca ante todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de protección de los consumidores por comisiones abusivas, por la venta fraudulenta de las participaciones preferentes o por las cláusulas suelo, entre otras. La tramitación por las autoridades administrativas de los respectivos expedientes representa la viva historia de la desprotección de los consumidores en el siglo XXI en España y de cómo los gobiernos autonómicos han renunciado a ejercer sus competencias y a defender a los consumidores. Es la historia de cómo estos gobiernos vacían de contenido el artículo 51CE y sus propios Estatutos autonómicos y dan la espalda a la parte más débil del mercado.

Según la memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España (BE), en el año 2015, un 74,2 % de las reclamaciones presentadas finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante y dictaminó que la entidad se había apartado de la normativa de transparencia o de las buenas prácticas bancarias (suma del 44,9 % de informes favorables al reclamante y del 29,3 % de allanamientos). Sólo en el 40% de los casos que el BE resolvió a favor del cliente la entidad bancaria rectificó su actitud.

Si la entidad no rectifica su mala práctica, sinónimo biensonante de abuso, no pasa nada. Las resoluciones del BE no son vinculantes, las autoridades de consumo no harán nada, no intervendrán ni actuarán en defensa del consumidor y a éste únicamente le quedará acudir a los tribunales de justicia, desamparado por el resto del sistema público de protección del consumidor.

No constan públicamente datos de sanciones a los bancos en 2015 y 2016 por vulneración de normativa de protección al consumidor, tampoco, y por idéntico motivo por parte del Banco de España o la CNMV, que en ocasiones se han preocupado más en buscar justificación a muchas de las tropelías cometidas que a regular y controlar el sector.

Se han vendido productos complejos a enfermos diagnosticados de Alzheimer, a ancianos de más de 80 años y sin estudios que solo buscaban poner a plazo fijo su dinero, a personas con discapacidad del 85% y a menores de edad; se han quedado con miles de viviendas, expulsando a la gente de sus casas con procedimientos abusivos y usando para ello el dinero público que recibían; se han cobrado comisiones injustas por servicios no prestados y cobrados intereses de demora abusivos. Se ha abusado con nocturnidad y alevosía y se ha hecho ante los ojos cerrados de gobiernos títeres financiados por esa misma banca.

Judicialización de la protección del consumidor

En estos años, sólo una intensa actividad judicial por parte de los consumidores ha servido para poner en evidencia los abusos que se estaban cometiendo, llevándonos a una situación creciente judicialización de la protección del consumidor en España.

Un sistema de protección del consumidor judicializado, si bien produce sonoros logros, también reconoce el enorme desequilibrio entre los consumidores y el poder financiero. Los poderosos tienen más recursos y medios para sostener y perpetuar en el tiempo procesos judiciales lentos y costosos que, con suerte, podrán ser resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y es que es la justicia europea la que se erige en estos tiempos de defensora de los derechos del consumidor español y está marcando el camino de las cláusulas abusivas que aplica la banca española, mientras ésta última busca vericuetos para seguir atrincherada en su posición de Goliat.

Ante la impunidad sólo cabe continuar la lucha por lo que es justo, por defender al consumidor de los abusos y por ello, unos pocos seguiremos lanzando piedras con nuestra honda y exigiendo a los gobiernos que no miren para otro lado. No podemos permitir una banca que florezca abonada por la injustica y los abusos y no podemos permitir que muchos sigan amaneciendo sin casa y sin techo.

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Olga Ruiz Legido es secretaria general de FACUA.