Un tercio de las multas impuestas por la CNMC sancionan a empresas por amañar contratos públicos

Un reportaje publicado por el medio Infolibre ha revelado que, desde 2015, la CNMC ha impuesto sanciones por valor de 293,44 millones de euros a empresas por amañar concursos públicos, un 31,2% del total de 940 millones con los que el organismo ha multado a cárteles por atentar contra la competencia.

Según las cifras de la CNMC, sólo en 2017 los contratos públicos suponían 175.000 millones de euros, el 15% del PIB. La falta de competencia en las licitaciones y los acuerdos ilegales entre las empresas que pujaban por los contratos elevaban artificialmente el precio, ocasionando sobrecostes de 40.000 millones anuales.

Competencia ha abierto expedientes y sancionado a empresas por este comportamiento en todo tipo de sectores. En mayo de este año, el organismo multó con 71,2 millones de euros a cinco empresas por intercambiar información sensible para conseguir contratos de publicidad institucional. En Baleares, las 34 empresas dedicadas al transporte escolar fueron sancionadas en 2017 con 3,16 millones de euros por fijar precios mínimos y repartirse las rutas. Cada compañía se presentaba sólo al concurso de una ruta y ofertaba el precio de licitación máximo.

Durante quince años, trece empresas hormigoneras se repartieron en secreto el mercado público del hormigón asturiano, según la CNMC. Para la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias se creó una Unión Temporal de Empresas (UTE) que Competencia tachó de "innecesaria", multando con 6,12 millones de euros a las compañías que la formaron.

En 2016, la CNMC impuso 130 millones de euros de multa a ocho fabricantes de pañales para la incontinencia en adultos. El expediente sancionador revelaba que el cártel había durado 18 años, durante los cuales habían fijado precios de venta a los distribuidores mayoristas del producto, que son financiados por el Sistema Nacional de Salud. Estas ocho empresas habían llegado a tener una cuota de mercado del 95%.

También 39 empresas, entre las que se encuentran filiales de FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr, fueron sancionadas por repartirse las licitaciones de la gestión de residuos urbanos en Madrid, Sevilla, Málaga, Ceuta, Melilla y Euskadi. Aunque la Audiencia Nacional anuló las multas por "la forma pero no el fondo de las conductas anticompetitivas", la CNMC volvió a incoar expedientes sancionadores contra estas empresas y otras doce más por el mismo motivo.

Igualmente, en 2016, Competencia sancionó a cuatro empresas con 5,64 millones de euros por utilizar de forma ilegal una UTE en las obras del AVE, donde se estuvieron adjudicando el 74% de los contratos de desvíos ferroviarios durante quince años.

El sector automovilístico acapara las multas más altas

En 2015, Citroën, Ford, Mercedes, BMW, Fiat y Volvo fueron sancionadas con 171 millones de euros por intercambiar "de forma sistemática" información confidencial "comercialmente sensible" sobre venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller y reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

Por su parte, a las petroleras Repsol, Cepsa y BP se les impuso una multa en 2015 de 32 millones de euros por incumplir una resolución del año 2009 que las sancionaba por fijar de forma indirecta el precio de los combustibles a algunas estaciones de servicio. De igual forma, se multó con 88 millones de euros a ocho empresas lácteas (Puleva, Nestlé, Pascual y Central Leche Asturiana, entre otras) por fijar los precios de la leche durante una década.

La Audiencia Nacional estimó el 65% de los recursos presentados por las empresas en 2017

En la mayor parte de los casos las empresas suelen recurrir a los tribunales el expediente sancionador impuesto por Competencia, gananda en un alto porcentaje. En 2017, la Audiencia Nacional estimó el 65% de los recursos presentados y el Tribunal Supremo el 15%, anulando las multas impuestas por la CNMC entre 2012 y 2015 por valor de 231,6 millones de euros. En el periodo comprendido entre 2007 y 2016, el 47% de las sentencias de ambos tribunales daban la razón a las recurrentes.