Sindicatos y organizaciones de consumidores: una colaboración pendiente

La defensa de los derechos de los consumidores está consolidándose en un gran número de países como uno de los elementos fundamentales en la defensa de la calidad de vida de la ciudadanía y también en el mantenimiento de lo que se ha venido en llamar el Estado del Bienestar, sobre todo en aquellos que forman la llamada zona Euro, y en naciones desarrolladas de otros continentes. Por otro lado, en muchos países en vías de desarrollo en los que los ciudadanos aspiran a mejorar sus condiciones de vida se vislumbran movimientos y se generan acciones de organizaciones de consumidores para resolver sus problemas.

En esta tarea, sobre todo en mantener las conquistas sociales y económicas logradas al final de la Segunda Guerra Mundial en numerosas naciones desarrolladas, se encuentra el movimiento sindical, sobre todo el europeo, enfrascado en la lucha por mantener estas cotas de bienestar conseguidas por la clase trabajadora.

Victorias conseguidas, en muchos casos, a través de heroicas luchas frente a la puesta en práctica, antes y después de la crisis económica de 2008, de políticas económicas excesivamente liberales y alejadas del control y arbitraje de los estados democráticos, que están produciendo desequilibrios económicos, en muchos casos inhumanos, en materia de justicia social y en el reparto equitativo de la riqueza que se genera a través del trabajo y la productividad que éste produce.

En esa perspectiva que analizamos, se echa en falta que existan estructuras estables, organizadas y activas entre las organizaciones de consumidores y los sindicatos democráticos que asumen la lucha de los trabajadores por sus derechos. Parece ser que no sólo ese vacío se produce en España, pues no se tienen noticias de que en el resto de países europeos y desarrollados existan experiencias prácticas en este sentido, más allá de declaraciones conjuntas de voluntad de colaboración que no cubren ese vacío.

Mientras que la función principal del sindicalismo democrático abarca fundamentalmente al sector de la sociedad formado por los asalariados, las organizaciones de consumidores generan una acción más plural, abarcando, al menos teóricamente, a toda la sociedad. Al fin y al cabo, toda la ciudadanía es consumidora de productos que una parte de ella produce para el sostén diario de la vida humana. Ahí se está dando un grado de confluencia entre ambas actividades que debería ser mejor aprovechada.

Primeras experiencias de relación

En sus orígenes, el sindicalismo, en las naciones que comenzaron a desarrollarse industrialmente y que daría lugar en el futuro al consumo de bienes en una gran parte de su población, tuvo una vertiente y una coincidencia, podemos decir primitiva, con el consumo. Se puede localizar a partir del siglo XIX en algunos núcleos industriales y mineros, cuando los empresarios capitalistas, además de la brutal explotación a la que sometían a los trabajadores, obligaban a éstos a consumir productos para la subsistencia diaria en comercios instalados en las propias factorías, conllevando una forma más sutil si cabe de explotación de la fuerza humana del trabajo. No sólo por la calidad de los productos que obligaban a consumir, sino por el precio de monopolio y por lo que implicaba de injusto salario diferido.

Para acabar con esta situación se dio uno de los primeros episodios de lucha del naciente movimiento sindical. Un ejemplo cercano, no tanto en el tiempo pero si en lo territorial, lo tuvimos en la Compañía Minera de Riotinto, en España. Tal y como escribe el profesor e historiador Carlos Arenas Posadas en un interesante libro titulado Empresa, mercados, mina y mineros sobre la historia de esta mina "la primera noticia de la existencia de un almacén de la Compañía para proveer de alimentos a los obreros data de 1878 [...] en el principio, el almacén se especializó en suministrar bienes de uso cotidiano –pan, aceite, jabón, etc.- para después ir ampliando su oferta a otros alimentos y mercancías. Hasta 1890, el obrero acudía al almacén con los vales que en forma de moneda interna recibía como parte del jornal en los departamentos de la empresa”. En otro párrafo, Arenas señala que "dicha reducción salarial fue también posible como una estrategia empresarial destinada a rebajar los precios de los productos y servicios de primera necesidad que ella suministraba; una estrategia encaminada a implantar una cultura deflacionista que hiciera impensables las reivindicaciones salariales”.

Esta situación de injusticia hacia los trabajadores y sus familias en materia de subsistencia y consumo se mantendría hasta bien entrado el pasado siglo en numerosos lugares de la geografía española. Nos remitimos de nuevo al profesor Carlos Arenas, quien en su libro La Sevilla inerme, sobre los hábitos de consumo y la supervivencia de la clase trabajadora sevillana, reseña una moción presentada en el Ayuntamiento de Sevilla por el entonces capitular Fernández de la Bandera en 1916 lamentándose de que la ciudad estuviera, en cuanto a mortalidad, “en una escala deplorable” y tras referirse a los estragos producidos por la tuberculosis cita “la adulteración, fraude y encarecimiento de las subsistencias” como una de las causas que originaban la extensión de la enfermedad.

En concreto, dice que “la casa proletaria no puede comer porque ya no hay artículo que pueda denominarse, por su escaso precio, alimento del pobre. La frecuente adulteración de los alimentos, su precio exagerado y el fraude que se realiza en su expedición”. El profesor Arenas continúa afirmando que “los fraudes más denunciados contra la higiene de los alimentos fueron, como era lógico, aquellos que afectaban a las clases pudientes: la carne incontrolada proveniente de mataderos clandestinos y el pescado en mal estado, conservados con procedimientos perjudiciales para la salud. Estos fraudes y otros muchos más que quedaban habitualmente ocultos por la ineficiencia de los medios municipales de control de alimentos y por la corrupción de los encargados de la vigilancia diaria en los puntos de expedición de los artículos [...] A esto habría que añadir el grave problema del hacinamiento de muchas familias obreras en cuartuchos de poca superficie y escasa higiene, repartidos en la llamadas casas o corrales de vecinos en el casco antiguo de la ciudad”.

Aunque estas injustas situaciones están en la práctica superadas por la lucha del movimiento obrero, fundamentalmente, y por los avances conseguidos en materia de acción política por partidos y organizaciones democráticas y progresistas, debemos reflexionar sobre la necesidad de acumular esfuerzos para no perder los logros conseguidos en materia de consumo.

Situación actual

En la ofensiva que aprovechando los efectos de la crisis económica de 2018 vienen desarrollando los intereses capitalistas-financieros para eludir la acción de los sindicatos en un aspecto tan importante y decisivo como es la negociación colectiva, valga el ejemplo de España después de las sucesivas reformas laborales, la búsqueda de alianzas prácticas de acción y colaboración entre las organizaciones sindicales y de consumidores se hace más necesaria cada día. Está en juego el futuro del bienestar en grandes capas de la población mundial.

Dicho todo lo anterior, hay que señalar que el desarrollo y fortalecimiento que ha tenido y tiene, por ejemplo, FACUA en España no se haya traducido en una apuesta por una mayor colaboración práctica con las organizaciones sindicales mayoritarias como pueden ser Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores. Han existido acuerdos importantes sobre el papel, a través de sendos documentos firmados por FACUA con Comisiones Obreras de Andalucía el 23 de julio de 2007, que reafirmaba el efectuado en el año 1997, y el firmado con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras el 19 de abril de 2012. La falta de desarrollo para la acción unitaria que reflejan los acuerdos descritos, a mi entender, puede achacarse a las dificultades que la crisis económica y su contribución a las cifras de paro que afectan a España y otros países, y a la ofensiva antilaboral y antisindical de bastantes gobiernos democráticos europeos, dando lugar a una cierta debilidad organizativa y afiliativa en los sindicatos democráticos.

En el marco sindical europeo las cosas no van mejor que en nuestro país. En la Confederación Europea de Sindicatos hubo un área de consumo en los años 90 a cuyo frente estuvo el sindicalista italiano Paolo Adurno, que luego fue extinguiéndose, aunque hubo contacto con la CECU española, pero en los momentos actuales no se denota ninguna actividad en esta área. La CGIL italiana y la CGT francesa tienen acuerdos firmados en la misma línea que los descritos para nuestro país. En el Comité Económico y Social Europeo están representadas las asociaciones de consumidores y el Consejo de Consumidores de España nombra a algunos de los veintiún consejeros que corresponden a nuestro país.

En el caso de España, las pretendidas acciones unitarias a veces se ven imposibilitadas por el imperativo legal, que no permite que las asociaciones de consumidores sean reconocidas en algunos organismos de diálogo con el gobierno central o las comunidades autónomas a la hora de negociar medidas que afectan a los intereses de empresarios y trabajadores.

Y esto sucede porque cuando se elaboró y aprobó la Constitución de 1978 el movimiento de consumidores era incipiente y poco representativo en comparación con el de las organizaciones empresariales y las sindicales. En mi opinión, esta realidad obliga, por ejemplo, a FACUA, la principal organización de consumidores de España, a instar, tanto al Parlamento como a los gobiernos central y autonómicos y al movimiento sindical, a buscar salidas legales a esta situación para dar cabida a una parte tan mayoritaria de la población en un tema como el del consumo, que afecta a todos los ciudadanos.

Existe otra problemática en esta falta de acción unitaria entre el movimiento consumerista y el sindical que habría que señalar y es el caso de los llamados países en vías de desarrollo. En este caso podemos hablar de América Latina, países con los que FACUA coopera desde hace más de veinte años. Desde 2017 comenzó a desplegar una labor de apoyo al fomento de organizaciones sostenibles social y económicamente en algunos de esos países. En la mayoría de ellos, salvo Argentina o Chile, el sindicalismo democrático no tiene la fuerza y la representatividad de sus homónimos europeos. Por ello, la unidad de acción entre trabajadores organizados en sindicatos y las organizaciones de consumidores puede ayudar al fortalecimiento de ambas, ante las necesidades y retos que los habitantes de estos países puedan tener como ciudadanos y trabajadores para aumentar el grado de justicia social que podría ayudar a acercarlos a los niveles de bienestar de la mayoría de los países de Europa.

No se puede hablar de fórmulas mágicas para resolver esta falta de unidad de acción que creo que a muchos nos preocupa. Habría que comenzar a tener contactos duraderos, no para realizar nuevos acuerdos, sino para llevar a la práctica los que hay, que son fáciles de conseguir y al mismo tiempo son ambiciosos. Hay que nombrar a personas en ambas organizaciones que ofrezcan plena dedicación en este asunto, que se planteen objetivos, al menos a medio plazo, y que dinamicen los objetivos para la mejora social de trabajadores y consumidores. En el sindicalismo democrático existen experiencias en esta actividad concreta desde la instauración de la democracia, que hace que determinados militantes sindicales tengan como actividad casi exclusiva su presencia en organismos de negociación con las instituciones del Estado e incluso en los órganos paritarios con el empresariado.

Hay que crear las condiciones necesarias, a través del diálogo, para dar paso a la materialización de la acción reivindicativa en común de trabajadores y consumidores, pues ambas situaciones mejorarán las condiciones de vida de la sociedad. Quizás desde FACUA tengamos que ser más beligerantes y exigentes en este asunto, habida cuenta de las inquietudes que sobre el bienestar social y económico hemos desarrollado desde nuestro nacimiento.

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Francisco Acosta Orge es miembro del sindicato Comisiones Obreras y patrono de la Fundación FACUA.