FACUA Madrid firma un manifiesto contra el anteproyecto de ley de farmacia de la Comunidad

FACUA Madrid, junto a diferentes organizaciones de profesionales de la salud pública, ha presentado públicamente este martes en rueda de prensa un manifiesto en contra del anteproyecto de ley de farmacia elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que pretende atribuir a las oficinas de farmacia servicios que hasta ahora han venido ofreciendo los centros públicos de atención primaria, como la visita domiciliaria o el control de pacientes crónicos.

Junto a la asociación han firmado el manifiesto el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, el sindicato de enfermería Satse, el sindicato médico Amyts, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (Adspm), la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (Uesce), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (Faecap), la AEC y Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (Semap).

Las organizaciones firmantes denuncian en su manifiesto que el citado anteproyecto no ha contado en su elaboración ni con la participación ni con el consenso de todos los agentes implicados, como son los colectivos de profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, y no sólo los farmacéuticos, así como los agentes sociales o representantes de usuarios y pacientes. Estos sólo han podido ofrecer sus consideraciones cuando el anteproyecto ya había sido aprobado para su tramitación.

La apertura a que las farmacias ofrezcan servicios reservados hasta ahora a los profesionales de la sanidad pública provocaría un grave conflicto de intereses, dado que las oficinas de farmacia son entidades privadas con un interés comercial, algo que supondría un perjuicio para los usuarios. Además, las nuevas actividades tendrían un coste adicional para los pacientes, que hasta ahora pueden acceder de manera gratuita a dichos servicios a través de los centros de salud de atención primaria. Actividades como el seguimiento de los tratamientos, la vacunación, etc, son gratuitas y, en la medida en que puedan significar un coste adicional para los usuarios, podría suponer una nueva barrera que impida su acceso a los colectivos más vulnerables.

Asimismo, el manifiesto recoge que el anteproyecto implica una invasión de competencias de los farmacéuticos, dado que no están formados para la atención sanitaria que les permitiría la nueva norma, y que por ley sólo están capacitados para ofrecer médicos y enfermeros. Esto, consideran estas organizaciones, puede generar un grave conflicto de competencias entre los profesionales de las oficinas privadas de farmacias y los de la medicina, enfermería e incluso farmacia de la sanidad pública. Esto, finalmente, terminaría perjudicando a los propios usuarios, que verían mermada la calidad de la asistencia que se le ofrece.

Los firmantes consideran que la administración regional debe fortalecer la atención primaria y no destinar fondos públicos a financiar que actividades que ya se realiza en la sanidad pública la acometan ahora establecimientos privados, algo que puede abrir la puerta a una privatización encubierta de los servicios derivados.

Las organizaciones firmantes consideran que los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid deben rechazar de pleno este anteproyecto de ley y promover una nueva norma que permita la participación de todos los interesados y que respete las competencias profesionales definidas por ley, propicie los derechos y la seguridad de los usuarios y pacientes y contribuya a una atención sanitaria más eficiente y que no comprometa su carácter público, gratuito y universal.