FACUA Andalucía y otras organizaciones sociales han presentado este martes 13 de noviembre sus reivindicaciones y propuestas sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua en la comunidad autónoma andaluza, que sustituirá al Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía.
La federación, junto a las demás organizaciones, que han participado de manera de coordinada en la redacción del nuevo reglamento, señalan que el agua urbana es un elemento de dominio público, esencial, imprescindible e insustituible para mantener las funciones vitales básicas, un derecho humano reconocido por Naciones Unidas garante de su universalidad y accesibilidad, un servicio con capacidad de gestión municipal y un elemento natural esencial para el medioambiente.
Asimismo, las entidades participantes apuestan por la gestión pública e indican que, en caso de que las administraciones presten el servicio del agua indirectamente, el reglamento debe garantizar que las entidades instrumentales no modifiquen las competencias y responsabilidades de la Administración local.
El documento de conclusiones resalta que es necesario un nuevo modelo de gestión pública del agua, que viene definido en el Pacto Social por el Agua, diferente al conocido con frecuencia, caracterizado por la opacidad e ineficiencia, y también por la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano al agua y la gestión pública del agua, de noviembre de 2017. Dicho Pacto Social fue aprobado por decenas de ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, en octubre de 2016.
Las diferentes organizaciones coinciden en que el Reglamento del Ciclo Urbano del Agua en Andalucía debe basarse en modelos de producción sostenibles y, en particular, el modelo de producción agrícola y ganadero ecológico, como sistema que contribuye a la salud de los ecosistemas acuáticos de los que dependen los abastecimientos de agua. También debe fundamentarse en los principios del mejor conocimiento científico y tecnología disponible y de economía circular (reutilización, aguas grises, drenaje sostenible y todas las actuaciones que reducen el impacto ambiental de los servicios).
Respecto a las tarifas del agua, las entidades comparten la idea de que no son precios privados y, por tanto, deben ser sometidos a la aprobación de los plenos municipales, garantizando procesos participativos previos en los que intervengan los usuarios del servicio y sus organizaciones representativas. Asimismo, ven necesario que las inversiones en infraestructuras que eviten la discriminación en el acceso a los servicios y el desequilibrio territorial deben abordarse desde sistemas impositivos solidarios.
Además de FACUA Andalucía, las organizaciones de la sociedad civil que han elaborado las conclusiones del proceso de participación sobre el Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbana en Andalucía son: la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Comisiones Obreras (CCOO), Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Ecologistas en Acción (EEeA), Fundación Savia, Marea Azul del Sur, Red Andaluza de la NCA, Asociación Valor Ecológico (Ecovalia) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).