FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad que modifique la web para afectados por el fraude de la cadena de clínicas dentales iDental. La asociación, que ha enviado un escrito al organismo que dirige Enrique Ruiz Escudero, denuncia que el sistema utilizado para identificar a los afectados falla constantemente.
Tras las irregularidades cometidas por la empresa y el cierre de sus 24 centros entre abril y junio de 2018, la Consejería habilitó una web para que los afectados por el fraude pudieran descargar sus historiales clínicos. Sin embargo, FACUA Madrid ha recibido numerosas quejas por los errores y fallos constantes que impiden el acceso a dicha documentación, que hace que no puedan continuar con sus tratamientos en otros centros.
La única respuesta para los afectados ante los constantes fallos es solicitar una cita previa por teléfono, un número que, por otra parte, no suele estar disponible.
FACUA Madrid considera insuficiente este método dado el volumen de afectados por este fraude masivo, y reclama a Sanidad que resuelva sin más dilación esta situación, que está impidiendo que los afectados puedan resolver con prontitud los problemas de salud generados por el cierre de las clínicas de iDental.
La asociación recuerda que el mal funcionamiento de la web dispuesta por Sanidad está imposibilitando hacer efectivo el derecho a la información de la propia salud, recogido en el artículo 27.7 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Plataforma de afectados de FACUA
FACUA Madrid recuerda que la asociación tiene habilitada una plataforma a la que pueden sumarse todos los afectados por el fraude de iDental en este enlace. A través de este instrumento, los pacientes pueden recibir información sobre sus derechos, solicitar ser representados en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional o ayuda para reclamar a la entidad financiera.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 es el encargado de la instrucción de la causa contra los responsables de iDental. Se investigan los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.