Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra FACUA, muestran su rechazo a un nuevo texto legislativo que recoge medidas como el cierre de páginas web sin autorización judicial.

Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

FACUA-Consumidores en Acción, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp), la Asociación de Internautas, Adigital, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Española de Startups han elaborado el siguiente manifiesto en defensa de las libertades de internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual:

Consideramos muy grave que el Congreso de los Diputados haya aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas como el cierre de páginas webs por parte de una Comisión vinculada al gobierno y sin necesidad de autorización judicial.

Manifestamos nuestro rechazo a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en el Congreso, porque permite que se ordene administrativamente la retirada de contenidos de internet sin que un juez evalúe si afectan o no a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

Entendemos que esta reforma es inaceptable jurídicamente porque, por un lado, la existencia de un incumplimiento previo (infracción de propiedad intelectual) que da pie al cierre de una web es decidida por la propia Comisión del Ministerio de Cultura; pero, además, hay un supuesto en el que no hace falta una reiteración del incumplimiento sino que basta con su reanudación: es decir, el presunto infractor retira voluntariamente el contenido y después -también a juicio de la comisión- reanuda la misma actividad. En ese caso los juzgados de lo Contencioso-Administrativo nunca han intervenido porque no ha hecho falta (el infractor retiró voluntariamente los contenidos y no hubo que ejecutar la medida).

Expresamos nuestra preocupación porque este cambio aprobado obliga, en la práctica, al titular de una web a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas actualmente vigentes.

Advertimos que, a nuestro juicio, se trata de una reforma contraria a lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución que exige una orden judicial para el secuestro de publicaciones.

Denunciamos que esta reforma tiene un impacto grave, desproporcionado e injustificable sobre las libertades en internet, en particular, la libertad de expresión e información, y también sobre el desarrollo económico de las empresas digitales.

Por todo lo anterior, instamos a los Grupos Parlamentarios en el Senado a enmendar el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, eliminando la reforma aprobada por el Congreso.

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