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En 2018 se ordenó la retirada o prohibió la venta de 206 juguetes y artículos infantiles, alerta FACUA
En la mayoría de los casos fue por riesgo de asfixia. Castilla-La Mancha y Galicia fueron las comunidades que localizaron más productos peligrosos dirigidos a niños.
FACUA-Consumidores en Acción informa de que durante 2018 un total de 206 juguetes y artículos infantiles fueron incluidos en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).
Se trata de productos sobre los que se han dictado 98 órdenes de retirada del mercado desde las autoridades de consumo autonómicas que detectaron las irregularidades en juguetes o artículos destinados a niños en establecimientos comerciales y 83 órdenes de rechazo a la importación por parte de Aecosan.
FACUA ofrece en su web un documento para consultar cualquiera de las 206 alertas de juguetes y productos infantiles publicadas por la Aecosan el pasado año.
La mayoría de alertas sobre productos infantiles lanzadas por las autoridades de consumo autonómicas y la Aecosan han estado relacionadas con riesgo de asfixia (142). Le siguen los casos de riesgos de intoxicación (27), estrangulamiento (19), quemaduras (4), lesiones diversas (4), atragantamiento (2), asfixia e intoxicación (2), asfixia y daños gastrointestinales (2), asfixia y lesiones diversas (2), asfixia y quemaduras (1) y daños gastrointestinales (1).
Por regiones, Castilla-La Mancha ha sido la que más alertas ha emitido, con un total de cuarenta. Le siguen Galicia (25), Comunidad de Madrid (18), Islas Baleares (13), la Región de Murcia (8), Castilla y León (6), Catalunya (5), Extremadura (4), y Andalucía (1). La ciudad autonómica de Melilla ha emitido una notificación de alerta.
FACUA reclama que las autoridades autonómicas incrementen los controles para proteger a los consumidores ante artículos peligrosos que se comercializan en el mercado.
Asimismo, la asociación demanda a Aecosan y las autoridades de protección al consumidor autonómicas que sean proactivas en la necesaria difusión de información sobre los artículos objeto de órdenes de retirada del mercado para que los consumidores tengan conocimiento de las irregularidades.
