Joaquim Bosch: "El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales"

Magistrado y jurista miembro de la asociación Jueces y juezas para la democracia, Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es una voz habitual en los medios de comunicación españoles cuando corresponde comentar las decisiones judiciales o situación del sistema judicial, gracias a que fue portavoz de la citada asociación entre 2012 y 2016. En la actualidad ejerce de portavoz territorial de la misma en Valencia, mientras continúa con su trabajo como juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia), en cuyo partido judicial es el magistrado decano. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y miembro de la judicatura desde2002 por oposición, ha trabajado en los juzgados de Barcelona, Denia, Vinaroz y Massamagrell antes de ocupar su plaza actual. Ha sido tentado por la política, tanto para ocupar la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana como para formar parte de alguna lista electoral, pero ha rechazado dar el salto. Recientemente ha publicado El secuestro de la justicia: virtudes y problemas del sistema judicial (Roca editorial de libros, 2018) junto al periodista Ignacio Escolar, un libro en el que ambos conversan sobre el estado de la justicia en España y reflexionan y explican algunas de sus derivas más preocupantes. Hablador, simpático y preciso en sus comentarios, Bosch no esquiva ningún tema, que aborda con rigor y amabilidad en la conversación mantenida con Consumerismo por teléfono a principios de noviembre.

Ha escrito junto a Ignacio Escolar un libro en el que a modo de conversación entre los dos se reflexionan acerca de los temas más relevantes de la actualidad judicial. ¿De dónde surge la necesidad de hacerlo? ¿Quién ha secuestrado a la justicia?

La idea surge ante la percepción de que la justicia cada vez está más presente en la vida de la ciudadanía, pero realmente hay poca información de cómo funciona. Incluso el propio hecho de que el mundo de los tribunales haya adquirido tanto protagonismo ni siquiera se cuestiona, se acepta acríticamente, cuando hay bastantes casos en los que probablemente la justicia no debería ocupar espacios que corresponden al ámbito político o problemas sociales que deben resolverse en otros ámbitos.

Por otro lado, en algunas cuestiones en las que la justicia sí que debe ser relevante hay toda una serie de problemas que valoramos que no se solucionan por unas injerencias políticas muy elevadas que afectan a la independencia judicial, a la neutralidad de las instituciones, en asuntos como la corrupción, que afectan incluso a la propia actuación judicial para que funcionen plazos razonables por la falta de medios. Y todo esto, valoramos que era una cuestión de máximo interés pero poco conocida y que merecía un libro, por una necesidad de información sobre todos estos problemas y por otro lado que aportara una serie de soluciones.

Me llama mucho la atención lo que has comentado al principio de que la justicia cada vez está más presente en la vida de la ciudadanía cuando en muchos casos no debería ser así. Entiendo que te refieres a casos como la crisis de Cataluña, pero también a situaciones de abusos que afectan a la ciudadanía en su vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué falla para que esto ocurra? ¿Por qué se derivan los conflictos a la justicia?

Son problemas diferentes, cada caso tiene su explicación. En el caso de Cataluña estamos ante un problema político sobre la estructura territorial del Estado que debería haberse solucionado ya hace tiempo antes de que estallara el Procès a través de acuerdos institucionales y de pactos entre las fuerzas políticas, y en cambio lo que se ha hecho es permitir que la situación se degrade hasta su máximo nivel y ahí que actúe la justicia como un mal remedio, porque sinceramente me parece que los juzgados penales no van a poder resolver el conflicto. Ahora mismo hay más de dos millones de catalanes que no están de acuerdo con pertenecer a España de la manera en la que están y esto, por muchas condenas penales que se puedan producir, no se va a resolver. Por tanto, el problema de origen es otro y yo creo que se ha forzado, instigado especialmente por el anterior Gobierno por determinadas líneas políticas, se ha forzado demasiado la actuación judicial en una cuestión que merecía otro tipo de soluciones.

Por otro lado, está claro que a los juzgados llegan muchísimas cuestiones por falta de prevención social. El derecho penal es una respuesta estatal tardía, que llega cuando el daño ya se ha producido y hay muchos casos de marginación social, que derivan en problemas que pueden acabar generando toda serie de delitos, o en el caso de la violencia machista el problema es que tendría que resolverse con actuaciones preventivas, de educación, de actuación igualitaria en los medios, en ámbitos preventivos de protección ante los primeros síntomas de maltrato, que son derivados a la justicia penal como si fuera una panacea que lo puede solucionar todo, cuando es evidente que lo fundamental es que el daño no llegue a producirse. Yo creo que hemos pasado del Estado social al Estado penal en muchos casos. Es decir, la quiebra del Estado social, la crisis y el aumento de las desigualdades lo que ha provocado es una instrumentalización desproporcionada del derecho penal.

Paul Bosch y Escolar en una de las presentaciones del libro El secuestro de la justicia. | Imagen: eldiario.es.

¿Por qué ninguna fuerza política en el poder se compromete realmente a mejorar la situación? ¿Es falta de voluntad política?

Se puede intervenir si existe voluntad política para hacerlo. Lo que ocurre es que todo depende de cuáles son las concepciones sociales que están detrás de una acción de gobierno. En España en los últimos años se nos ha intentado hacer aceptar el discurso de que la sociedad funciona mejor con desigualdades sociales porque se genera más riqueza y toda una serie de planteamientos que yo creo que son altamente discutibles. Sin embargo, si las desigualdades sociales se aceptan como necesarias, la conclusión es que la culpa es de las personas que se portan mal y lo único que merecen es el castigo, en lugar de plantearse que el delito es un fenómeno social, que la mayoría de las personas no nacen genéticamente predispuestas a delinquir y que la mayoría de las personas que delinquen lo hacen casi siempre por falta de integración social. Se puede ir al discurso propio del Estado social, que está previsto constitucionalmente y que recoge que los poderes públicos deben actuar para que la igualdad y la libertad de las personas sean reales y efectivas, pero si partimos del discurso de legitimación de esa desigualdad, al final el derecho penal es la consecuencia obligatoria para ese discurso.

¿Cuáles son las necesidades urgentes de la justicia española?

Yo creo que hay dos niveles que están muy diferenciados aunque tienen correlaciones. Un nivel sería el de las interferencias del poder político en la justicia, que afectan a la independencia judicial, a la separación de poderes y a principios básicos del Estado de derecho, y esto lo hemos visto con la crisis del impuesto de las hipotecas, que está provocando un descrédito importante de las instituciones judiciales y un distanciamiento cada vez mayor entre la ciudadanía y el poder judicial.

Por otro lado, está la falta de medios, pero está relacionado con el anterior. Es decir, el poder judicial tiene que ser un poder fuerte con capacidad de servir de contrapeso ante los abusos de poder y ante la influencia de grupos privilegiados y poderosos, y en parte esto también explica que los sucesivos gobiernos que ha habido en nuestro país tampoco se han esforzado por aportar medios para que haya un tercer poder del Estado que pueda servir de contrapeso, de contrapoder. La cuestión de la injerencia política no es una cuestión que algunos juristas hayamos criticado, creo que es algo que cada vez es percibida por sectores más amplios de la sociedad y además, el Consejo de Europa, a través del grupo Greco, nos ha recordado que nuestro país no se adapta a los estándares europeos en materia de independencia judicial, porque los magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales de tribunales muy relevantes no son nombrados con criterios objetivos y tasados de mérito y capacidad, sino a través de decisiones de tipo discrecional. Es decir, el sistema no garantiza que los mejores accedan a los altos tribunales y al mismo tiempo, estas decisiones discrecionales las toma un organismo, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de la judicatura, que como también nos dice el Consejo de Europa, sigue un sistema único en la UE en el que no hay una concepción mixta de elección de los jueces de tal manera que los propios jueces elijan al menos la mitad y el Parlamento a la otra mitad, lo cual garantiza esos equilibrios. El sistema español es un sistema de reparto de cuotas entre los partidos políticos y esto es muy peligroso para la neutralidad de las instituciones. Entonces, por ejemplo, en casos de corrupción en los que se juzgan los abusos de poder del propio poder político, que no haya una clara separación de poderes y que haya una intervención del poder político en la cúpula judicial, esto es tremendamente peligroso.

Por otro lado, el tema de los medios dificulta que la actuación judicial se pueda finalizar en plazos razonables, como los que están previstos en las leyes. En los juzgados nos falta de todo, estamos a la cola europea en número de jueces por habitantes, por detrás de países como Albania, Moldavia y tenemos menos de la mitad de jueces que Alemania; las tramas corruptas tienen más medios para escapar de la justicia de los que tenemos los jueces para perseguirles y esto explica que algunos procedimientos se retrasen muchísimos años porque, con una legislación como la que tenemos actualmente, con una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, que ha tenido parches pero no es la ley procesal que necesitamos en el siglo XXI y con unos instrumentos tan precarios, pues es muy difícil que la maquinaria de la justicia funcione mejor, y esto lo pagan al final los usuarios. Tenemos cerca de la mitad de los juzgados de nuestro país están trabajando a más del 150% de la carga prevista oficialmente y muchos de ellos a más del 200%. ¿Qué ocurre cuando hay esta acumulación? Pues que los asuntos se ponen a la cola y se resuelven cuando les llega su turno y esto implica retrasos pues, por ejemplo, en los juzgados sociales de Sevilla, por poner un caso que igual conoceréis, cuando ya está todo preparado para que únicamente quede el juicio y la sentencia pues los juicios se están señalando a dos o tres años vista y esto pasa en muchas otras ciudades del Estado. Simplemente con un incremente razonable de los medios, aunque no sea equipararnos a la media, pero con un mínimo de incremento, todas estas cuestiones se resolverían en plazos más cortos.

Desde FACUA tenemos la percepción muchas veces de que es algo que se hace a propósito desde el poder político. Por citar un caso, el de las cláusulas suelo, después de que el TJUE dijese que la legislación era abusiva y que había que devolver las cantidades cobradas irregularmente, la solución, en lugar de establecer un mecanismo rápido administrativo, fue volver a obligar a los afectados a pasar por los juzgados, que no tienen los medios suficientes y que al final vuelven a vivir un nuevo colapso que hace que años después aún no se haya resuelto el asunto…

En política casi nada sucede por casualidad. Puede haber un mal año para un presupuesto, puede haber otro difícil, pero claro, que pasen los años y que siempre se mantenga una situación estructural ya no es producto de la casualidad sino de la voluntad, aunque sea por omisión, porque está en su mano y se podía haber corregido cuando se detectan las disfunciones. El caso de los juzgados de las cláusulas suelo es un caso muy visible de cómo desde el poder político y del gobierno judicial no se ha resuelto un problema desde la perspectiva de la protección de las personas afectadas, de los consumidores en este caso. Desde el ámbito jurídico y judicial ya se advirtió de que la solución que se pretendía dar para las cláusulas suelo lo único que iba a provocar son dilaciones y colapsos de los juzgados especializados que se iban a plantear. Además, no había ninguna necesidad de crearlos, porque no existían. Existían los juzgados ordinarios que, en otros ámbitos, como el de las preferentes y otras decisiones relativas a cláusulas bancarias, con algún retraso, porque estábamos muy saturados, se iba resolviendo, la solución correcta era la misma. Era evidente que con la creación de juzgados específicos con los medios que se les estaba dotando no tenían capacidad de absorber en plazos razonables, como los que han tenido por ejemplo las preferentes todos estos asuntos. No hay explicación para haber apartado y haber dado una situación específica a esos juzgados cuando podían haber funcionado con el resto de asuntos civiles con lo cual se habrían repartido entre todos los juzgados de primera instancia y se habrían resuelto en el mismo plazo que están resolviéndose los casos en los juzgados civiles. Yo no me atrevo a hablar de que ha habido mala fe, lo desconozco, pero es cierto que de manera reiterada estas decisiones no benefician a aquellos que están reclamando tutela judicial desde hace muchos años.

Incluso se podría haber resuelto sin necesidad de pasar por los juzgados. Una vez que tienes una sentencia que dice que esa cláusula es abusiva, quizás con un procedimiento administrativo, sin necesidad de llegar siquiera a los juzgados civiles se podría haber resuelto, si se hubiera tenido voluntad de hacerlo…

Si hubiera voluntad política se habría diseñado un sistema de actuaciones previas en el ámbito administrativo o en otros ámbitos para que este asunto no llegara a los tribunales. Lo cierto es que, una vez más, la decisión adoptada ha sido la más beneficiosa para las entidades bancarias. Pero lo mismo que pasa aquí, pasa con otras situaciones, que no tendrían que haber llegado a los juzgados. Pensemos por ejemplo en la actuación ante las cláusulas abusivas en los últimos años. En nuestro país el control de los contratos es muy sencillo: basta con un equipo de inspectores dedicados a supervisar cuáles son las cláusulas habituales y con el tipo de contrato que se suele hacer realmente es muy sencillo, con pocos medios se podía haber controlado si hubiese habido voluntad. Se podría haber implementado un sistema de sanciones, efectivas y disuasoria para que las entidades bancarias no impusieran cláusulas abusivas a los consumidores y esto habría evitado el perjuicio para los consumidores en primer lugar y en segundo lugar que luego se tuvieran que haber inundado los juzgados con miles de demandas reclamando la nulidad de estas cláusulas. Realmente hay muchos instrumentos para no judicializar estos temas y para un mayor control de la actividad bancaria, pero nunca en nuestro país ha existido voluntad de resolver previamente estas cuestiones, de la misma manera que hemos tenido una legislación que ha concedido privilegios injustificados a las entidades bancarias, como nos ha recordado de manera muy retirada la jurisdicción europea. Tal vez lo preocupante es que no haya sido el poder político, el legislador, el que haya corregido estos desequilibrios a la medida en que se iban produciendo, porque eran muy visibles y se han producido muchas quejas de estas actuaciones y que haya tenido que ser el TJUE el que de una manera muy reiterada haya ido forzando al legislador a hacer cambios que siempre han sido mínimos y que en ocasiones incluso el propio cambio ha tenido que ser cuestionado nuevamente por la propia jurisdicción europea.

¿Cómo interpreta lo que ha ocurrido en el Supremo con el impuesto de las hipotecas?

Lo que ha ocurrido con el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de las hipotecas, no tiene precedentes ni en el Tribunal Supremo ni yo creo en ningún tipo de tribunal colegiado de nuestro país. Ha sido especialmente llamativo, en parte porque el mundo de los tribunales es bastante opaco, no siempre comprensible, pero en este caso, yo creo que la sociedad ha entendido muy bien lo que ha ocurrido y creo que eso es lo que ha generado tanto malestar, porque se ha comprendido perfectamente lo que ha pasado. Mientras el Tribunal Supremo resolvía de manera reiterada en numerosos casos a favor de las entidades bancarias las decisiones se atacaban, se respetaban y se cumplían y nadie las cuestionaba, realmente, en cuanto a su objetividad. Pero se ha llegado a un caso en el que se le ha dado la razón a los consumidores y se ha planteado una rectificación a través de un trámite que no está previsto para estos supuestos, porque la vocación a pleno es un instrumento diseñado para cuando hay discrepancias entre secciones distintas de un mismo tribunal. Pero aquí sólo había un tribunal competente en materia de tributos. Entonces, que este tribunal competente, que esta sección competente en materia de tributos dicte una sentencia, que es muy razonable, que explica los motivos por los que los bancos se benefician de la escritura pública y de la inscripción registral y por ello considere que son ellos los que tienen que pagar el impuesto y que esa decisión no se acate como se ha acatado siempre y que de una manera rapidísima a través de una nota de prensa se pretenda rectificar como finalmente se ha conseguido, pues esto pone sobre la mesa los problemas que comentaba antes sobre cuáles son las estructuras judiciales que permiten injerencias externas.

El presidente de esta sala, que es el que planteó esta rectificación, Luis Díez-Picazo, tuvo queja de dos asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia, ante la ONU. Planteamos una queja porque precisamente consideramos que es una muestra más de interferencias políticas en el Tribunal Supremo, porque había sido nombrado sin unos méritos objetivos superiores al otro candidato que se presentaba, además con una distancia muy importante y muy relevante y ya advertimos de que esto iba a provocar situaciones de conflicto en el futuro, como así se ha demostrado ahora. Entonces, claro, cuando se ve todo esto en una perspectiva de conjunto, me parece comprensible que la ciudadanía esté desconcertada y que se pueda producir un distanciamiento con nuestro sistema judicial.

La situación tiene ahora una consecuencia que es el descrédito del más alto tribunal estatal. ¿Por qué es tan peligroso que se produzca ese distanciamiento, ese descrédito de un órgano tan fundamental para la democracia como el Tribunal Supremo?

Es importante porque se produce un deterioro de la credibilidad de las instituciones judiciales, que en última instancia afecta a la propia esencia de la democracia constitucional. La democracia consiste en que nadie está por encima de las leyes, en que todos somos iguales ante el ordenamiento jurídico. Si la sociedad lo que percibe es que hay grupos de poder que son más fuertes que el propio sistema, que quiebran el principio de igualdad, la democracia se acaba resintiendo y esto creo que no es nada positivo, necesitamos instituciones fuertes que gocen de la confianza de la ciudadanía, que garantice que haya separación entre los distintos poderes del Estado y que al mismo tiempo, den a cualquier persona de que sus derechos serán respetados ante los tribunales. Pensemos que el derecho tiene una función igualadora importante, si no hay derecho, lo que tenemos es la ley de la selva, en la que los más fuertes se imponen. Por tanto, que esa función del derecho quede desnaturalizada y que en última instancia quede tan vacía de contenido que los más fuertes se imponen siempre, esto se convierte en lo contrario al modelo de estado constitucional que tenemos, y me parece que es peligroso porque en lugar de profundizar en esa democracia constitucional, puede haber huecos, espacios en los que la sociedad dude de que el Estado de derecho funcione de manera efectiva.

Y supongo que una de las reformas pendientes para que esto no ocurra o no vaya a más es precisamente la manera en la que se eligen los cargos de gobierno judiciales.

Claro, efectivamente, me parece clarísimo que una sociedad es mejor si llegan los mejores, primero por una cuestión de capacidad, y en segundo lugar, porque garantizan la neutralidad de las instituciones y porque no deben ningún favor a nadie. El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales. Esto no significa que quienes llegan no tengan suficiente capacidad profesional, pueden tenerla perfectamente, pero el problema es que, potencialmente, como no hay unos baremos y unas causas tasadas para evaluar los méritos, como para cualquier otro trabajador público del país, para ser bombero, para ser profesor, para ser funcionario de un ayuntamiento, hay unos baremos establecidos para que lleguen los mejores, pero como el sistema no está diseñado así, el problema es que potencialmente el poder político interfiere en esto con las consecuencias de quiebra en la apariencia de imparcialidad. Este es el problema. Y cuando se producen situaciones como la del impuesto de las hipotecas inmediatamente hay que pensar si el presidente de la sala no hubiera sido el que se prefirió sino el que tenía más méritos, si esto habría ocurrido, hay dudas razonables. Y esto es muy peligroso para la imagen de imparcialidad que debe tener la justicia.

Otro de los asuntos que tratáis en el libro es la visión de género en la aplicación de justicia, sobre todo en determinadas instancias superiores. ¿Por qué falta esa sensibilidad? Es obvio que hay un problema de legislación, pero en la interpretación de las leyes los jueces tienen un cierto margen para aplicar esa sensibilidad social a la hora de dictar sentencia, ¿qué falla ahí?

Bueno, hay un par de ideas que quiero dejar claras primero. Una es que no todos los jueces son tan malos…

Sí, precisamente es algo que tenía previsto preguntarte después, porque siempre haces una diferenciación entre los juzgados de primera instancia y las instancias superiores...

Exacto. Yo creo que es peligrosa una deslegitimación del sistema judicial en su conjunto, por cuestiones como las que están haciendo la cúpula judicial o lo que pueda darse en los temas relacionados con la violencia machista. A pesar de algunas críticas, que me parecen justificadas al sistema judicial, creo que no todo el sistema judicial está funcionando mal. Si hay cerca de dos mil imputados por corrupción es porque hay centenares de jueces y juezas de todas las sensibilidades ideológicas que están haciendo un esfuerzo enorme y, de hecho, estamos viendo a personas de gran relevancia entrar en prisión en nuestro país, como Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director general del FMI, o Iñaki Urdangarín, una persona vinculada a la Casa Real, presidentes autonómicos… Si se ha conseguido una mayor protección de los consumidores frente a situaciones de privilegio procesal y legal que han tenido las entidades bancarias en nuestro país es porque ha habido muchísimos jueces de primera instancia que han tomado decisiones que han ido más allá de las leyes basándose en principios generales del derecho, en derechos fundamentales y sobre todo en directivas europeas, y han planteado numerosísimas cuestiones a la justicia europea… Es decir, en el ámbito de la corrupción o en el de la protección de los consumidores, nuestra justicia está funcionando bastante bien.

Al mismo tiempo, yo creo que hay que hacer autocrítica y hay espacios en los que se puede hacer mejor. Yo creo que la violencia machista es un caso claro en el que falta una mayor formación en perspectiva de género, hace falta una especialización más clara de los jueces que están al frente de este tipo de juzgados, ahora mismo no existe esa especialización, como existe en el ámbito mercantil, en el laboral, o en cuestiones administrativas, y esto pues sí que genera decisiones que a veces pueden ser discutibles, porque tenemos una jurisprudencia históricamente muy machista. Es una jurisprudencia que todavía recoge que la mujer cuando dice que no en realidad está queriendo decir que sí, o que provoca con una minifalda… Tenemos una jurisprudencia muy llena de decisiones de este tipo que todavía acaba influyendo bastante en decisiones actuales y al mismo tiempo, mi impresión es que la sociedad avanza más rápido en cuestiones de género que la judicatura.

Manifestación contra la sentencia a La Manada. | Imagen: Europa Press.

No sé si otro problema añadido puede ser ese techo de cristal que parece que siguen teniendo las mujeres para acceder a los órganos de gobierno de la justicia, algo que siempre se comenta, que a pesar de que en la carrera judicial ya hay más mujeres que hombres, éstas siguen sin acceder a los puestos de responsabilidad. Cuando sale la foto de los jueces del Supremo o de los órganos de gobierno del poder judicial prácticamente no hay mujeres…

Sí, creo que esto influye, los órganos más relevantes del país que son los que dictan la jurisprudencia, precisamente, pues ahí las mujeres continúan estando en clara minoría a pesar de que en la profesión ya son mayoría y esto debería haberse corregido con la aprobación de normas que establezcan criterios de paridad, porque en muchos casos lo que ha ocurrido es que mujeres con más antigüedad, con más experiencia y con más capacidad profesional han sido relegadas frente a los hombres. Esa excusa de que como históricamente ha habido más hombres éstos tienen más experiencia esto ya pasó, para llegar a los altos tribunales ya hay muchísimas mujeres con la misma experiencia que los hombres, que están igual de preparadas y que en muchos casos han demostrado mejores méritos y que no han sido nombradas. Por tanto, como la tendencia sigue siendo nombrar más hombres que mujeres en los altos cargos, esto debería corregirse con criterios obligatorios de paridad y discriminación positiva para evitar esas sinergias que todavía siguen existiendo en la cúpula judicial.

Es cierto que el hecho de que haya mujeres no garantiza que haya una mayor protección de las mujeres, porque en ocasiones han sido también mujeres las que han dictado resoluciones discutibles y porque esa mentalidad poco receptiva a la igualdad de género lo condiciona todo en la profesión, pero sí que es cierto que a mayor paridad hay mayores posibilidades de que se genere una jurisprudencia que dé una mayor protección a las mujeres. Aunque estén en distintos planos al final también hay elementos de conexión.

Eres muy activo en redes sociales. Tu perfil en Twitter tiene un tuit fijado que dice: “A veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros”. ¿Qué urge en la legislación española para que esto cambie?

Bueno, en el libro explico esta reflexión, de dónde viene. Es una reflexión que se ha repetido desde la antigüedad, con distintas elaboraciones o con distintos pensadores, lo cual nos demuestra que la igualdad ante las leyes y ante la justicia no es siempre es fácil, pero hay países que han avanzado mucho en esta materia. Creo que nuestro país todavía tiene mucho camino por recorrer y para ello necesitamos un empoderamiento de la sociedad. Si todo esto pasa, en gran parte… Es decir, si las fuerzas políticas no han tenido la voluntad de resolver todas estas cuestiones para que no haya por ejemplo estas desigualdades de trato que se pueden percibir, también es porque la sociedad con su pasividad lo ha permitido en parte, por falta de información, y en parte por falta de reacción. El libro acaba con este tipo de reflexiones, la sociedad tiene realmente la palabra para que mejoren las cosas y para que entiendan que los problemas de la justicia no son problemas de los jueces, que son problemas de la ciudadanía. Si en instituciones que son públicas, que son democracias, como es la propia justicia, que se debe a la propia sociedad y no a intereses concretos, ocurren estas disfunciones por las interferencias del poder político muy frecuentemente es porque la sociedad no se ha dado cuenta de su poder y de que realmente lo que ocurre ahí le pertenece y por tanto la sociedad debe empoderarse y entender que lo que ocurre ahí es también decisión de la propia ciudadanía. Esto debería llevar a que la propia ciudadanía consiga y exija las reformas necesarias para que no exista esto de las moscas y los abejorros.

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Los tres de... Joaquim Bosch

Tres películas / series: Senderos de Gloria (dirigida por Stanley Kubrick, 1957), Ordet (La palabra, dirigida por Carl Dreyer, 1955) y Casablanca (dirigida por Michael Curtiz, 1942).

Tres programas de televisión: La Clave (tertulia moderada por José Luis Balbín emitida en TVE entre 1976 y 1985), Los Simpson (Neox), El Intermedio (La Sexta).

Tres canciones: Imagine (John Lennon), With or without you (U2), Que tinguem sort (Lluís Llach).

Tres libros: 1984 (George Orwell), El proceso (Franz Kafka), El Quijote (Miguel de Cervantes).

Tres referentes: Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Antonio Machado.

Tres momentos históricos: El enciclopedismo y el surgimiento de la Ilustración, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la llegada del ser humano a la luna.

Tres lugares para visitar: París, Venecia, Nueva York.

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Ángeles Castellano es periodista y miembro del equipo de redacción de Consumerismo.

* La foto del encabezamiento es de Jesús Ciscar (eldiario.es).