FACUA Madrid ve la distancia mínima de 300 metros al pedir VTC como solución menos mala para el usuario

FACUA Madrid valora como menos perjudicial para los consumidores la propuesta acordada por Ayuntamiento y Comunidad de impedir que el servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC) se pueda contratar cuando la distancia entre el vehículo y el usuario sea inferior a 300 metros, frente a la opción planteada en Barcelona de impedir que se solicite el servicio con una antelación inferior a una hora.

La asociación comparte con los taxistas la necesidad de establecer un marco regulatorio que garantice la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes empresas multinacionales, pero recuerda que dentro de la parte más débil están los consumidores, que no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.

FACUA Madrid critica que las dos administraciones, municipal y autonómica, no den participación a los legítimos representantes de los consumidores en las negociaciones que se mantienen con otros actores del sector. La asociación advierte de que la regulación de estos servicios de transporte debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta claramente insuficiente y en este sentido subraya que es imprescindible tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los usuarios en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi.

Comunidad y Ayuntamiento han alcanzado un preacuerdo para regular la precontratación de los vehículos VTC basándola en la distancia respecto al cliente, en lugar del tiempo de antelación, como han hecho en Cataluña. El borrador prohíbe la contratación cuando la distancia entre el cliente y el vehículo es inferior a los 300 metros, aunque los ayuntamientos podrían elevar este espacio a 500 metros. Por otro lado, los vehículos eléctricos –registrados como CERO emisiones- podrán ser contratados a una distancia igual o superior a 150 metros, ampliables a 250 por los municipios. Además, los VTC no podrán aparcar a menos de 100 metros de áreas de confluencias de clientes como aeropuertos, estaciones, intercambiadores, centros comerciales hoteles, o lugares donde se celebren grandes eventos y en ningún caso podrán circular por las vías públicas en busca de clientes.

Solidaridad con el sector del taxi

En relación a las reivindicaciones de los profesionales del taxi, FACUA Madrid muestra su solidaridad con un sector que en los últimos años se ha encontrado ante un nuevo escenario de competencia que requiere del desarrollo de normas y marcos de diálogo que equilibren los intereses de todas las partes implicadas, que, en cualquier, caso no pueden reducirse a dos mediante un discurso simplista y poco solidario. Y es que se trata de los intereses de los propietarios de licencias de taxi, de licencias de VTC, los trabajadores de ambos sectores -si bien en el taxi la inmensa mayoría de licenciatarios son a la vez trabajadores-, las empresas que actúan de intermediarias en la prestación de servicios de VTC y taxis -Cabify, Uber, MyTaxi...- y, por supuesto, los intereses de los usuarios de ambos servicios.

Ante los distintos escenarios que pueden producirse en el futuro, FACUA Madrid advierte de que es necesario garantizar un servicio de taxis con obligaciones de servicio público y tarifas máximas reguladas, cuyo cumplimiento sea controlado por las administraciones, para que las VTC no acaben inflando sus precios e imponiendo las condiciones del servicio.

Pero la asociación también considera fundamental actualizar el marco de obligaciones del sector del taxi a fin de garantizar un servicio de calidad a los usuarios, como también hace falta una regulación de las VTC y de las plataformas que actúan como intermediarias en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros. Estas regulaciones deben contemplar una serie de compromisos y garantías de compensación ante deficiencias e incumplimientos que hoy no existen ni en las distintas normativas vigentes ni en las condiciones contractuales de las empresas que ofertan estos servicios.