FACUA vuelve a pedir a Asturias que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros

FACUA-Consumidores en Acción se ha vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que ponga en funcionamiento sin más demora el centro de tratamiento de lesiones medulares de Barros, en Langreo. La asociación ya reclamó al organismo información sobre el retraso en la apertura del centro hace aproximadamente un año sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna.

La asociación ha vuelto a reclamar, a instancias de su delegación territorial en Asturias, que el nuevo establecimiento sanitario, cuyas obras comenzaron en 2009 y tenían fecha de término prevista dos años después, sigue sin estar listo y operativo en marzo de 2019, prácticamente diez años después del inicio.

FACUA considera imprescindible que este centro entre en funcionamiento con la mayor brevedad posible y que permanezca abierto los 365 días del año, como forma de garantizar a los ciudadanos su derecho al acceso y protección de la salud "en cualquier parte del territorio del Estado", tal y como recoge la Constitución Española.

Además, la asociación recuerda que la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) expone en el artículo 18 de su apartado segundo que son competencias de las administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud, "la atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad".

Asimismo, la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias contempla en su artículo 6.c y 6.d que "para la consecución de sus objetivos, el Servicio de Salud del Principado de Asturias realizará las siguientes funciones: c) Atención especializada en sus distintas modalidades y d) rehabilitación y reinserción".

FACUA también deja constancia de que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público contempla que las administraciones públicas deben servir "con objetividad los intereses generales" y "prestar un servicio efectivo a los ciudadanos".