El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga-Ucauce, Jesús María Burgos Moreno, administra una empresa que incumple la obligación legal de presentar sus cuentas desde hace cinco años.
Burgos afirma que Escuela Andaluza de Consumo SL "no tiene ninguna relación con la Unión de Consumidores de Málaga". "En nuestras oficinas solamente desarrollamos los trabajos propios de esta Asociación", asegura su presidente. La empresa y Ucauce Málaga tienen el mismo domicilio social: Alameda de Colón 9, Ático 2, en la capital malagueña.
El presidente de Ucauce Málaga -también conocida como UCE Málaga- afirma que la empresa "lleva seis años sin actividad, tal y como está comunicado a las administraciones competentes". La última comunicación publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil es el nombramiento de Burgos como administrador único de la sociedad hace sólo cuatro años y medio, en octubre de 2014. Desde ese año, Escuela Andaluza de Consumo SL no ha depositado sus cuentas en el Registro.
Antes de esa fecha, el presidente de Ucauce Málaga era apoderado de Escuela de Andaluza de Consumo SL. Hasta entonces, la administradora única había sido María Margarita Benítez Vargas, que también ocupaba el cargo de coordinadora provincial de la Unión de Consumidores de Málaga.
Constituida en 2011, Escuela Andaluza de Consumo SL sólo depositó en el Registro Mercantil las cuentas de sus dos primeros años de existencia. La empresa declaró 669,49 euros de ingresos en su primer ejercicio, frente a unos gastos de 12.770,08 euros. En el balance de ese año indicó que contaba con cinco trabajadores con contratos fijos, aunque los gastos de personal que aparecen en sus cuentas son de solo 7.997,57 euros. Las cuentas de 2012 muestran 4.204,64 euros de ingresos y 12.612,64 euros de gastos; de ellos, los relativos al personal, cuatro trabajadores con contratos fijos, fueron de 9.996,96 euros.
El objeto social de la empresa es "la investigación en el desarrollo y la innovación, formación reglada y no reglada, información, asesoramiento y tramitacion de procedimientos en lo relacionado con consumidores y usuarios, como la representación, mediación y arbitraje en dicha materia, la edición de material divulgativo, diseño, maquetación, impresión, publicación y distribución de ese material divulgativo en materia de consumidores y usuarios". En la información facilitada al Registro Mercantil al constituirse, la sociedad indicó que todas esas actividades "podrán ser realizadas por iniciativa propia, en representación, a demanda, solicitud, convenio o acuerdo previo y específico con ciudadanos, comunidades, entidades públicas o privadas, empresas, asociaciones y colectivos".
No aclara quién es el propietario
Burgos asegura que todos los ingresos de Ucauce Málaga "están debidamente contabilizados y legalmente justificados, así como comunicados a las distintas administraciones" y que la asociación que preside "no ha obtenido ninguna aportación económica de empresas". En relacion a la sociedad que administra, más allá de asegurar que "no tiene ninguna relación" con Ucauce Málaga pese a que ambas tienen la misma sede social, Burgos señala que "jamás ha mantenido ninguna vinculación económica con la Unión de Consumidores de Málaga".
Al ser preguntado sobre quién es el propietario de Escuela Andaluza de Consumo SL, su administrador único ha eludido contestar, como tampoco ha aclarado si ha recibido dinero de empresas. "Puede preguntarme, si lo desea, a través de mi correo personal", afirmó el pasado 10 de abril en un mensaje enviado a FACUA.org desde la dirección de correo electrónico de Ucauce Málaga. Minutos después, enviamos esas y otras preguntas sobre las actividades de la empresa a su correo personal, sin que les haya dado respuesta hasta la publicación de esta informacion.
Burgos ha sido vicepresidente de Ucauce, investigada por alzamiento
Hasta hace dos meses, Burgos ha desempeñado el cargo de vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce). Esta organización cuenta con una sociedad intrumental, EdiUCA SL, que recibió dinero en secreto de grandes empresas como Movistar, Altadis y Caixabank, sobre las que Ucauce ha venido publicando numerosos estudios e informaciones elogiosas. Cobros que nunca fueron notificados a la Junta y que según la legislación estatal y autómica implican la expulsión del registro de asociaciones de consumidores.
La legislación impone que, si crean sociedades mercantiles, las organizaciones de usuarios entreguen cada año sus cuentas a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad o a las agencias, direcciones o secretarías generales de Consumo de sus respectivas comunidades autónomas. Así, si una empresa abona una cantidad a una asociación de consumidores o a una sociedad creada por ésta, la autoridad de consumo competente debe ser informada para monitorizar que el objetivo no es ilícito. Es decir, que no es una contraprestación por hacerle publicidad encubierta o dejar de denunciar sus abusos ni se trata de un proveedor que le devuelve una parte de la cantidad abonada por una actividad subvencionada con dinero público.
Desde el pasado diciembre, la federación autonómica Ucauce está siendo investigada por un presunto delito de alzamiento de bienes junto a su sociedad instrumental y una asociacion creada el año pasado con la que ambas comparten domicilio. Declarada insolvente, la federación autonómica adeuda cientos de miles de euros a sus ya extrabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la propia Junta -78.000 euros de subvenciones que debe reintegrar por irregularidades en su justificación-.
El pasado 1 de febrero, Ucauce celebró un Congreso del que sólo ha trascendido que su presidente, Juan Moreno Rodríguez -también investigado en la causa por alzamiento de bienes-, pasó a ocupar el cargo de secretario general. La presidencia ha pasado ocuparla Pedro Luis Lázaro Ortega, presidente de Ucauce Cádiz. La entidad ni siquiera ha actualizado la información sobre la composición de su Junta Directiva en su página web.