El TSJM confirma que la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre en Madrid fue ilegal

Una sentencia de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictamina que la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre en 2013, realizada por el Gobierno popular de Ignacio González, queda "bajo sanción de invalidez" por incumplir la ley y mantiene la puerta abierta a la anulación por este motivo.

Según informa eldiario.es, una sentencia de mayo de 2018 ya declaró anuladas dos resoluciones que permitieron la operación, por la que la Comunidad de Madrid se embolsó 201 millones de euros a cambio de prescindir de 2.985 viviendas sociales, ahora parte de la cartera del fondo de inversión Goldman Sachs Azora. Ahora, un estamento jurídico superior avala esta anulación con el argumento de que el Ivima no pudo acreditar que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan. La sentencia no es firme, por lo que aún puede ser recurrida en el propio tribunal y también en el Supremo.

Los magistrados que firman la sentencia cortan el paso a los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora a una histórica sentencia de primera instancia, dictada en mayo de 2018, que abría la puerta por primera vez a la anulación de la operación. El juzgado de lo contencioso número 29 de la capital declaró anuladas dos resoluciones del Ivima (ahora Agencia de la Vivienda Social) que permitieron efectuar el traspaso de treinta y dos promociones de vivienda protegidas por 201 millones de euros a Goldman Sachs-Azora.

Tras una deliberación que se ha retrasado cuatro meses, los magistrados confirman que la operación se encuentra "bajo sanción de invalidez" porque la exigencia de justificar que esas viviendas ya no hacían falta a la población madrileña es "imprescindible" y no se cumplió. "Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse", apunta la sentencia.

La sentencia desprende un marcado carácter social y recuerda que toda la operación se llevó a cabo a sabiendas de que "quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social".

El TSJM frena así los intentos de los dos firmantes de aquella operación –la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión– de parar la causa por la vía administrativa. Es el único camino a través del cual los afectados pueden ejercer su derecho, reconocido por el Tribunal Supremo en 2017, a impugnar la decisión.

La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la actuación, apuntaba el Ministerio Público, no se aprecian indicios de delito. Sin embargo, el propio auto de archivo animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.

La operación dirigida por el Ivima se realizó en paralelo a otra que fue pilotada desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Ambas actuaciones, realizadas bajo gobiernos del PP, están bajo el foco de la justicia. En el segundo caso se mantiene viva la vía penal y hace una semana la Audiencia Provincial ordenó cerrar la investigación para sentar en el banquillo próximamente a los presuntos responsables de la operación. Entre ellos no está la exalcaldesa Ana Botella. La venta del Ivima, sin embargo, está archivada por la vía de lo penal, pero continúa avanzado por lo contencioso-administrativo para anularse.