La Audiencia Nacional investiga a excargos de Johnson & Johnson por sus prótesis de cadera defectuosas

La Audiencia Nacional investiga a tres exdirectivos al frente de la división española de la multinacional Johnson & Johnson SA por un presunto fraude en la comercialización de prótesis de cadera defectuosas. La investigación penal se inició a raíz de la querella presentada por 64 afectados en España por el producto, que fue retirado del mercado europeo a mediados del año 2010 por los riesgos que implicaba en los usuarios. Estas prótesis defectuosas se distribuyeron en unos 70 centros de todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Melilla, Navarra y La Rioja.

Según recoge El Confidencial, la vía penal se inició después de ocho años de litigios en la jurisdicción civil y a partir de los indicios de que la compañía sabía previamente que las prótesis distribuidas tenían fallos e implicaban, por tanto, un riesgo de peligro sanitario. Los querellantes acusan a los exaltos cargos de Johnson & Johnson SA Enrique Álvarez López, Margarida Neves y Ángel Ignacio Cano de los delitos de estafa, lesiones continuadas, contra la salud publica y fraude de sustancias farmacéuticas o medicinales. Los 3 se negaron a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta saber el contenido del procedimiento.

Según señala un auto al que ha tenido acceso el citado medio, los indicios se basan en la declaración de un testigo clave, el médico Anthony Nargol, que podría acreditar el conocimiento de los defectos y de sus graves consecuencias por parte de los responsables de Johnson & Johnson SA en España de su importación y distribución como directivos.

Los daños físicos provocados por estas prótesis residen tanto en los defectos de fabricación como en su composición. Los querellantes apuntan a que la alargada colocación de estas prótesis en el tiempo, a pesar de los problemas sanitarios que conllevaban se pudo dar por la elusión de nuevos controles médicos mediante un mecanismo que consiste en la modificación del dispositivo inicial que ya los había superado.

Los afectados en España han solicitado también que se investigue al ingeniero responsable del diseño de las prótesis, Graham Isaak. Asimismo, piden que se investigue a la que fuera vicepresidenta para asuntos regulatorios de la división mundial de la multinacional Shally Katherin. Por el momento, aún no se ha localizado a ninguno de los dos. Los querellantes no descartan solicitar que se proceda a su busca y captura internacional.

Los denunciantes han aportado documentos internos, como correos electrónicos, que, según indican, acreditarían el conocimiento previo del riesgo. Estos documentos se han usado en pleitos de Australia, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido.

El fabricante de las prótesis de cadera de Johnson & Johnson SA, la empresa estadounidense Depuy, también se encuentra bajo el foco de la investigación. La alerta sanitaria de este producto por los riesgos que implicaba en los consumidores saltó en el año 2010. Fue justo en aquel momento cuando, supuestamente de manera voluntaria, Depuy pidió la vigilancia y retirada de cerca de 93.000 prótesis de cadera y huesos metálicos distribuidos en todo el mundo por graves fallos del material. Las prótesis defectuosas, ASR XL Acetabular System y ASR XL Hip Resurfacing System, estaban en el mercado desde 2004 y 2003, respectivamente.

Estos productos provocaron a los usuarios que las utilizaron dolor, inflamación o dificultad al caminar. También resultaron un peligro por el traspaso de metales como el cromo y el cobalto a los tejidos que rodean a la prótesis.

La multinacional Johnson & Johnson admitió en agosto del año pasado que ha recibido miles de quejas de usuarios en todo el mundo, que padecían dolores agudos y grandes dificultades para poder moverse.