FACUA Andalucía critica que los Presupuestos de 2019 para la comunidad autónoma reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo y asegura que no parece haber "voluntad política de dar respuesta a los miles de consumidores afectados por fraudes e irregularidades".
Jordi Castilla, directivo de la federación, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento para presentar las alegaciones de la organización al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
FACUA Andalucía propone el aumento del presupuesto para el programa específico de consumo (el llamado 4.4.H), el refuerzo del control del mercado y de los recursos destinados a inspección y garantizar un procedimiento eficaz que haga que las sanciones cumplan con su funcion disuasoria. Además, considera prioritario una regulación que garantice los derechos de los consumidores y la protección de los más vulnerables frente a los suministros hídrico y eléctrico, impulsar los órganos de participación social y un mayor apoyo y reconocimiento del movimiento consumerista.
En la comparecencia, Castilla ha incidido en la falta de un marco de acción política en materia de protección de los consumidores. "Andalucía carece de modelo de consumo, de planificación estratégica y, sobre todo, de recursos para abordar una tarea que está contribuyendo a que la brecha de la desigualdad sea cada vez mayor", ha afirmado.
Así, la federación critica que el programa de Consumo represente un 0,0383% del total de los presupuestos. "Nunca en los últimos quince años tuvo tan escasa incidencia y representó tan poco", ha criticado Castilla, quien también ha alertado de la necesidad de que las infracciones en materia de consumo no sean sólo sancionadas, sino que se acompañe de la devolución de las cantidades percibidas indebidamene y de las indemnizaciones por daños y perjuicios que se hubieran causado.
Castilla también ha advertido de que el programa específico de consumo, en un momento en que se han incrementado los abusos a los consumidores, presenta una disminución en su dotación presupuestaria del 0,73%, que unido a los descensos de 2018 y 2017 ha provocado que en tres años haya caído el presupuesto más de un 8%.
"Las políticas de protección de los consumidores deberían ser capaces de poner freno a los abusos y a la desprotección", ha continuado el directivo de FACUA Andalucia. "Necesitamos normas que protejan a los consumidores, no que eliminen requisitos y supervisiones a empresas y desregulen los mercados".
De igual forma, Castilla también ha criticado que los Presupuestos no incluyen el desarrollo y aplicación de la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, ni la lucha contra la pobreza hidríca y energética. Tampoco la prevención y solución de conflictos en materia de consumo, la aplicación de nuevo Decreto de Hojas de Reclamaciones ni el Plan Estratégico de Consumo 2017-2022, que aún no está aprobado pese a llevar tres años anunciándose.
Por otra parte, FACUA Andalucía también ha precisado la necesidad contar con voluntad política para defender y blindar la sanidad frente a corrientes privatizadoras, aśi como de dotarla de recursos económicos suficientes y garantizar la participación ciudadana en la definción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud, para que cuenten con la legitimación social necesaria.
"Resulta imprescindible mejorar y humanizar la atención a los usuarios, reducir las listas de espera, ordenar las urgencias para ganar en eficacia y evitar su saturación, impulsar la atención primaria y supervisar los sistemas de inspección de los servicios y de atención a las reclamaciones", ha matizado.
Castilla ha criticado que pese al aumento del presupuestos en el programa de vivienda, este no va destinado a una mejora en los recursos que favorecen el acceso a una vivienda. Por el contrario, disminuyen los recursos dirigidos al fomento del alquiler y las ayudas a inquilinos.
La federación considera que deberían ser objetivos prioritarios garantizar el acceso a una vivienda digna, evitar los desahucios, intervenir el mercado de alquiler y movilizar el parque de viviendas desocupadas, además de reforzar la inspección en materia de vivienda en el ámbito de la compraventa y sobre el uso y ocupación efectiva de las viviendas protegidas de titularidad privada, especialmente de las que están en manos de entidades financieras.
En cuanto a los presupuestos destinados a comercio y turismo, FACUA Andalucía advierte de que siguen sin ponerse en marcha medidas destinadas a su mejora que no sean ayudas directas al sector empresarial y entiende necesario que se debe reforzar igualmente el control sobre los fraudes y abusos en estos sectores.
Además, Castilla ha manifestado la necesidad de informar y aclarar sobre la modificación del llamado canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, que se empezó a aplicar en 2011. "A día de hoy no hay suficiente transparencia respecto al grado de ejecución alcanzado y se desconoce la situación de las obras", ha afirmado, "es preciso una rendición de cuentas previa, que evite la confusión en unos ingresos de carácter finalista".
Por último, FACUA Andalucía también ha criticado los escasos cauces de participación ciudadana, con órganos consultivos, mesas de trabajo y foros de participación institucionalizados "que llevan años parados o sin impulso alguno y apenas sobreviven como meros canales unidireccionales de información", ha asegurado el directivo de la federación.
Así, FACUA Andalucía apuesta por unas políticas sociales que impliquen posibilitar el control público de su ejecución y dar voz y voto a la ciudadanía en el desarrollo y ejecución de las acciones de gobierno.