FACUA reclama a Salud de Aragón que garantice que el agua del grifo es apta para el consumo

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón para reclamarle que garantice que el agua que se abastece a los hogares de esta comunidad autónoma es apta para el consumo. Ante las informaciones que recogen varios medios de comunicación aragoneses acerca de la contaminación por nitratos o sulfatos en acuíferos y ríos, la asociación insta al Ejecutivo aragonés en funciones a que informe acerca del estado en el que se encuentra el agua.

FACUA, a través de su delegación territorial en Aragón, ha tenido conocimiento de que hasta un 20% de los aragoneses, especialmente la población situada en el eje del Ebro y en las zonas del Jalón y el Jiloca, podrían estar expuestos al riesgo de ingerir agua contaminada por estas sustancias.

Los nitratos están presentes de manera natural en la naturaleza pero se ven incrementados por la producción agrícola y ganadera intensivas. Su presencia en exceso en aguas superficiales y subterráneas pueden causar enfermedades en la población que la consume, especialmente en niños pequeños, con efectos como la dificultad para respirar, vómitos y convulsiones.

Por otro lado, los sulfatos son sales que se encuentran de forma natural en minerales como la tiza. Se usan, por ejemplo, en la industría química (fertilizantes, pesticidas...) o como agentes de sedimentación (sulfato de aluminio). Su presencia en exceso en el agua provocan diarreas, especialmente, de nuevo, en el caso de los más pequeños.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón revela que, en 2017, último año del que se tienen cifras, se han detectado 73 incumplimientos por nitratos en 32 zonas de abastecimiento y 350 por sulfatos. En referencia a estas últimas sales, se ha llegado a superar hasta en cuatro ocasiones los 1.000 miligramos por litro, dando lugar a la calificación del agua como "no apta para el consumo".

FACUA destaca que estos hechos pueden suponer un peligro para la salud de los usuarios aragoneses y un perjuicio económico para éstos, ya que se ven abocados a tener que consumir agua potable embotellada.

La asociación recuerda al departamento que dirige Francisco Javier Falo que la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 3, letra b, expone que la administración pública está sujeta al principio de salud en todas las políticas, por lo que debe promover las que favorezcan los entornos saludables y disuadir, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para el bienestar de los usuarios.

Asimismo, FACUA subraya que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 32, apartado primero, recoge que los usuarios, en este caso afectados por las aguas contaminadas, "tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos" cuando se produzca como "consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".

Por ello, la asociación pide a la Dirección General de Salud Pública de Aragón que acabe con esta situación en la que la salud de una parte importante de la población aragonesa estaría expuesta a algún tipo de riesgo.