FACUA Sevilla, junto a los sindicatos CCOO y UGT Sevilla, las organizaciones de consumidores Hispalis y UCS-Unión de Consumidores de Sevilla, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, reclama a los partidos políticos que tomen medidas en sus ámbitos de actuación municipal para potenciar los derechos de consumidores en cuanto a su capacidad de elección del formato comercial, los de los trabajadores del sector, así como para proteger el equilibrio de la oferta con la existencia de los distintos tipos de comercio.
En un manifiesto firmado este lunes 1 de julio, las organizaciones defienden la instauración de un modelo en materia de horarios comerciales que garantice el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores, facilite la convivencia de la pluralidad de formatos y dé respuesta a las necesidades del conjunto de la población.
Las organizaciones destacan que la liberalización en materia de horarios comerciales no aumenta el consumo, principalmente relacionado con el poder adquisitivo, sino que incrementa la cuota de la gran distribución en perjuicio del pequeño comercio.
Asimismo, solicitan además un cambio de criterio para determinar una Zona como Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, en los que prevalezcan los de interés general para municipios y consumidores, mediante parámetros objetivos como la creación de empleo o necesidades reales de consumo.
Derogación del Real Decreto-Ley 20/2012
Igualmente, las entidades sociales instan al futuro gobierno estatal a la derogación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Este decreto introdujo la libertad de horarios, ampliando la jornada comercial semanal de 72 a 90 horas y pasando de 8 a 10 festivos y domingos de aperturas mínimos, además de ampliar las Zonas de Gran Afluencia Turística.
Las modificaciones normativas llevadas a cabo desde el 2012, señalan las organizaciones, han supuesto un ataque frontal contra las competencias del Estatuto de Autonomía y contra el sistema de equilibrio comercial consensuado entre la administración y los agentes económicos y sociales de Andalucía.
En el texto recuerdan que "la Ley de Comercio Interior de Andalucía ya prevé la completa libertad horaria de apertura para los establecimientos de hasta 300 m2, así como en las ZGAT para determinados períodos del año, a lo que se le suman 10 domingos y festivos que los establecimientos comerciales, con independencia de sus dimensiones, pueden permanecer abiertos al público, por lo que se entienden suficientemente cubiertas las necesidades de abastecimiento de los consumidores".
Frente a la libertad de horarios comerciales, las entidades recuerdan que el empleo no se ha visto beneficiado por un aumento, todo lo contrario, siendo menor el crecimiento y con un empeoramiento de su calidad. En cuanto a la demanda real de los consumidores, las entidades destacan la falta de petición por parte de los consumidores de una desregulación de horarios previa al decreto, según encuestas del CIS en 2011, que constataba que el 87,5% de los encuestados estaba satisfecho con los horarios actuales, y el 61,3% no se sentía afectado por la limitación de apertura en domingo y festivos.
En materia de promoción de ventas, las medidas aprobadas en su día por el Gobierno estatal, como la eliminación de los períodos de rebajas y la menor exigencia de condiciones en relación a los productos ofertados, han supuesto igualmente un perjuicio para el pequeño comercio y una minoración de las garantías del consumidor, generando incertidumbre y riesgos, así como una merma de su derecho a la información. "Ha sido una auténtica desregulación", recalca el manifiesto, "que no sólo ha eliminado requisitos en detrimento de los derechos y garantías de los consumidores sino que ha impedido el control de los mismos, provocando dispersión, incertidumbre y desprotección para los consumidores y una menor calidad en el sector comercial".
Por todo ello, defienden un modelo de comercio de futuro, profesional, competitivo, sostenible, de calado social, que contribuya a la creación de ciudad y genere actividad en los cascos urbanos, en definitiva, un modelo de comercio mediterráneo, que mantenga los centros urbanos y los pueblos vivos, y apueste por un empleo de calidad que dignifique las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores.