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Canarias expedienta a otros tres restaurantes denunciados por FACUA por no incluir el IGIC en sus cartas
Se trata de los establecimientos Bella Pasta, en Gran Canaria, y El Pescador y Playa Quemada, en Lanzarote, que no informan del impuesto correspondiente en su oferta.
Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, el Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias (dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes) ha abierto expediente sancionador a dos restaurantes de Lanzarote, El Pescador y Playa Quemada, y uno de Gran Canaria, Bella Pasta, por no incluir los impuestos en sus cartas de precios.
Estos tres establecimientos se suman a los restaurantes La Bohemia y Divina Italia a los que la Administración abrió expediente sancionador en marzo tras sendas denuncias de FACUA.
La asociación denunció a estos tres restaurantes a instancias de su Delegación Territorial en Canarias, tras detectar que las cartas de dichos establecimientos no indicaba los precios con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) incuido, como es obligatorio.
Así, FACUA indica que el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, establece en su artículo 11 que "todos los precios que figuren en las cartas y listas de precios deberán incluir el Impuesto General Indirecto Canario", y además deberá estar visible la expresión "IGIC incluido".
De igual forma, el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias refleja que en todos los productos se debe ofrecer información sobre "el precio total que están obligados a satisfacer para su adquisición con inclusión de toda carga, tributo o gravamen". Además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge, en el artículo 60, la obligatoriedad de incluir "el precio total, incluidos todos los impuestos y tasas".
Aunque la apertura de expediente no presupone que concluya en sanción, FACUA también recuerda en su denuncia que el propio Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias señala como infracción leve "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios" y establece sanciones de "hasta 3.000 euros".
