El Servicio de Consumo de Cádiz archivó denuncias contra gasolineras desatendidas por "falta de personal"

El Servicio de Consumo de la Consejería de Salud en Cádiz ha comunicado a FACUA Andalucía que procedió al archivo de varias denuncias contra gasolineras desatendidas por "caducidad de las mismas, debido a la falta de personal que esta Sección sufre desde hace años".

La federación critica que un departamento de la Administración dedicado a vigilar y sancionar las conductas contrarias a los derechos de los consumidores se niegue a multar a tres empresas (Mr. Gas, Reposta y Tarifuel), en las que detectó "irregularidades en materia de Consumo", bajo el pretexto de la falta de personal.

Así, FACUA Andalucía entiende que la Administración debería destinar los recursos suficientes, humanos y materiales, para evitar que ocurran este tipo de situaciones y que las empresas que vulneran las normativas de protección al consumidor finalmente queden sin sanciones al caducar sus infracciones debido a demoras injustificadas por parte de los servicios de consumo.

Campaña de denuncia en 2015

La federación llevó a cabo una campaña de denuncia en enero de 2015 contra todas las gasolineras desatendidas en Andalucía, al entender que no disponer de personal era contrario a los derechos de los consumidores. Entre las más de cincuenta denunciadas se encontraban Mr. Gas, en Barbate, Reposta, en Chiclana, y Tarifuel, en Tarifa.

Posteriormente, en octubre del mismo año, el Servicio de Consumo de Cádiz respondió a la federación comunicándole que había detectado "irregularidades en materia de Consumo" en estas tres gasolineras. Sin embargo, nunca informó de si habían acabado incoando un expediente sancionador contra las mismas ni si finalmente se había resuelto con la imposición de alguna sanción.

No ha sido hasta 2019, y tras una nueva petición de información por parte de FACUA Andalucía, que la Administración ha comunicado que archivaba las denuncias al haber caducado.

Atentado contra la seguridad

La federación planteó la campaña de denuncia al considerar que estas gasolineras desatendidas, que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores, suponen un auténtico atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos es nula, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes.

Asimismo, estas gasolineras no disponen de los medios de información, atención, reclamación y garantía de comprobación determinados por la legislación de protección al consumidor vigente. La ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas, que los surtidores funcionan correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o incluso solicitar una factura.

Además, este tipo de establecimientos vulneran especialmente la protección a las personas con algún grado de minusvalía y dificultad física, dado que obligan a estos consumidores a tener que buscar alternativas de uso más allá de las que la lógica y la razón, en relación con la integración social, pudiera recomendar en función del ejercicio de sus derechos y libertades.