La Autoridad de la Competencia de Portugal (AdC) ha impuesto una multa de 225 millones de euros a 14 bancos portugueses que operan en el país por pactar las condiciones de los créditos hipotecarios entre los años 2002 y 2013. Esta medida afecta directamente a tres entidades españolas: Santander, por acciones propias y otras del extinto Popular; BBVA y Caixabank, como dueña al 100% desde 2017 de la entidad portuguesa BPI.
Asimismo, también han sido multados la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), el Banco Comercial Portugués (BCP), el BIC (por hechos practicados por el antiguo BPN), el Banco Espírito Santo (BES), el Banif, Barclays, la Caixa de Crédito Agrícola, Montepio, Deutsche Bank y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
La AdC estima probada la práctica continuada de fijar precios de antemano para captar a los clientes durante 11 años: de 2002 a 2013, lo que desembocó en un "perjuicio evidente" para los consumidores.
Según el comunicado de la AdC, "cada banco proporcionó a los demás información confidencial sobre sus ofertas comerciales que indicaban, por ejemplo, los diferenciales que se aplicarán en un futuro próximo a los préstamos hipotecarios o el volumen de préstamos otorgados en el mes anterior, información que de otro modo no sería disponible para sus competidores. Por lo tanto, cada banco sabía, de manera detallada, precisa y oportuna, las ofertas de crédito hechas por otros bancos, lo que los desanimó para ofrecer mejores ofertas a sus clientes, eliminando así la presión competitiva normal que es beneficiosa para los consumidores".
El comportamiento de los bancos referidos constituye, según la AdC, una restricción significativa de la competencia, prohibida por el artículo 9 de la Ley de Competencia 19/2012, de 8 de mayo y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En su comunicado, la AdC señala que el primer banco que reveló la práctica y proporcionó evidencia de su participación allí se benefició de una exención total de la multa (indulgencia). El segundo banco que aprovechó el programa de clemencia y proporcionó evidencia adicional de la práctica, obtuvo una reducción del 50% de la multa aplicada.
El montante de cada multa ha sido definido teniendo en cuenta la gravedad y duración de la participación de cada banco en la actividad ilegal.