Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores

En estos años, los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de desregulación y reducción o eliminación de controles a las empresas que comercializan bienes y servicios de interés general. Se han aprobado leyes y reglamentos, o modificados los preexistentes, con el objetivo de reducir y eliminar trámites y controles administrativos y suprimir “trabas administrativas” a las empresas -como vienen definiéndolo-. Tampoco se han exigido determinados requisitos de inicio de actividad, sustituyendo licencias y autorizaciones por declaraciones responsables, eliminando controles previos y reduciendo inspecciones.

Muchas de esas llamadas “trabas administrativas” suponen en la práctica controles y comprobaciones previas antes del inicio de una actividad económica ligada a la puesta en el mercado de bienes y servicios de uso común y generalizado. La exigencia de requisitos previos actuaban como garantías para el consumidor, algunos con una importante trascendencia en la salud, la seguridad y los derechos básicos de los usuarios.

Han sido muchos los bienes y servicios afectados y los procedimientos implicados tras la trasposición de la Directiva de Servicios, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Una Directiva que se vendió como "una ocasión única para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al acceso y ejercicio de una actividad de servicios en determinados sectores, lo que consecuentemente incentivará la actividad empresarial y contribuirá a la mejora de la regulación". Su aplicación en España va dejando un reguero de fraudes al consumidor de manos de empresarios codiciosos e irresponsables y de administraciones con recursos mermados que han relajado sus funciones de tutela y vigilancia y son poco exigentes con los mecanismos de control.

Los últimos ejemplos de ello los tenemos en el macrofraude de las clínicas dentales iDental, con ausencia de un control oficial efectivo sobre la actividad sanitaria que ejercía esta empresa, plagada de numerosas irregularidades y con cientos de reclamaciones previas presentadas por los usuarios. También lo encontramos tras la alerta sanitaria por listeriosis de la carne La Mechá de la empresa Magrudis, dedicada a la transformación y distribución de productos cárnicos y que venía funcionando sin licencia de actividad, con una declaración responsable plagada de anomalías, sin seguro de responsabilidad civil suficiente para cubrir el riesgo derivado de su actividad y sin controles en los plazos previstos por parte de la autoridad sanitaria y municipal.

El sistema económico, y los poderes que lo sustentan, se ha encargado de convencernos de que el modelo a seguir es el del autocontrol empresarial y de la supresión de requisitos y controles sobre su actividad como premisa para que la economía de libre mercado funcione y lo haga de forma dinámica, generando riqueza. Sin embargo, no se ha medido ni evaluado el impacto de dicho modelo en los derechos de los consumidores y en la consecuente desamortización de recursos públicos de control que está conllevando. En estos años, a los representantes de los consumidores nos han mantenido al margen de las decisiones sobre nuevas regulaciones y sobre qué requisitos y trámites había que eliminar. No hemos tenido ni voz ni voto en estos procesos, reservados en exclusiva a gobiernos y al sector empresarial.

Con el argumento de acabar con las "trabas burocráticas" y utilizando un lenguaje que permite esconder la verdadera naturaleza de muchas de ellas (requisitos que la normativa exigía en beneficio de los consumidores) se han suprimido garantías y se ha desregulado el mercado, generando más desprotección a los usuarios.

Se ha propiciado incluso que las autonomías acaben compitiendo entre ellas por aprobar y desarrollar normas más laxas en sus territorios para atraer a las empresas, generando paraísos de desregulación bajo la fórmula de la llamada unidad de mercado y optando por relegar la protección de los consumidores, principio constitucional, a un papel de mero figurante.

El respeto a los derechos de los consumidores debería condicionar la regulación y el funcionamiento de los mercados, y no al revés. La eliminación de requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial ha ido en detrimento de dicha protección y los últimos fraudes lo confirman. iDental y Magrudis son el resultado de esos procesos de desregulación y de falta de inspección y control oficial combinados con empresarios sin escrúpulos.

FACUA viene reclamando a los gobiernos la necesidad de frenar una desregulación que afecta, directa e indirectamente, a elementos garantistas y de protección hacia los consumidores. Reducir y eliminar trabas administrativas implica suprimir requisitos y controles previos a actividades empresariales que en su día se estimaron como necesarios, y requiere de un análisis de impacto en el conjunto de la sociedad, en todos los agentes, también en los consumidores y no sólo en el empresariado.

Eliminar licencias y autorizaciones, suprimir controles previos al inicio de determinadas actividades económicas y sustituirlos por meras declaraciones de responsabilidad implica alterar el momento de la supervisión e inspección por parte de la administración y llevarlo a uno posterior. Se genera con ello un desplazamiento mayor del riesgo hacia el consumidor, sufriendo nuestros derechos un mayor impacto y afectación en caso de incumplimiento.

Este modelo, en el que además no se ven reforzados los recursos de las autoridades administrativas para llevar a cabo esa supervisión a posteriori, provoca la tormenta perfecta: bienes o servicios a disposición de los consumidores inseguros y sin garantías suficientes y sin que ni tan siquiera se haya exigido el nivel adecuado de responsabilidad empresarial que derivaría de un verdadero autocontrol. Así, los consumidores comprobamos atónitos que nadie exigió ni a iDental, una cadena con cientos de clínicas dentales en toda España, ni a una industria alimentaria como Magrudis que distribuía productos cárnicos por casi todo el país, algo tan básico como tener cubiertos los riesgos derivados de su actividad mediante un seguro de responsabilidad civil en función de su volumen de negocios.

La regulación y el control oficial son necesarios, no puede dejarse la puesta a disposición de bienes y servicios esenciales y generalizados en manos de las leyes salvajes del mercado y el autocontrol. La propia Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ni impide ni prohíbe que puedan establecerse requisitos a la actividad económica que velen por la salud y la seguridad de las personas.

Esta “razón imperiosa de interés general” ha sido definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Existe esta razón de interés general cuando afecte a "el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores,de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural".

Exigimos a los gobiernos que la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores sean razones suficientes para no mirar hacia otro lado, y que regulen y controlen de manera eficaz el mercado, tratando de evitar nuevos fraudes como los vividos recientemente.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.