¿Quién frena el Black Fraude?

Un estudio realizado hace tres años por la asociación de consumidores francesa UFC-Que Choisir puso de manifiesto que la bajada promedio de los precios del Black Friday fue inferior al 2%. En Reino Unido, la asociación de consumidores Which? analizó los precios de 83 productos incluidos en la promoción del Black Friday y detectó que sólo cuatro eran más baratos que en los seis meses anteriores.

En Francia, la diputada del partido Generación Ecológica Delphine Batho, que fue ministra de Desarrollo Sustentable en el Gobierno de François Hollande, ha liderado una enmienda para hacer frente a los fraudes del Black Friday dentro del borrador del proyecto de ley anti residuos que la Asamblea Nacional debatirá el 9 de diciembre. Diputados de ¡En Marcha! -el partido del presidente Emmanuel Macron- y parlamentarios de otras fuerzas políticas han anunciado su apoyo.

"He presentado una enmienda a la Ley Gaspillage para poner fin a esta gran estafa", ha señalado Bathó desde su cuenta de Twitter. "Enmienda adoptada por una gran mayoría para combatir las prácticas abusivas #BlackFriday. ¡Pongamos fin al consumo excesivo y las comunicaciones que inducen a error a los consumidores. ¡Bien hecho Delphine Batho!", ha dicho en la misma red social el diputado de ¡En Marcha! Matthieu Orphelin.

Pero se apruebe lo que se apruebe en Francia, lo que está claro es que de poco servirán las restricciones sobre el Black Fraude en una ley si las autoridades de protección al consumidor del país galo no actúan para hacerlas cumplir. En cualquier caso, esta declaración de intenciones ya es un paso, que en España, de momento, es pura política ficción.

Los consumidores españoles llevan mucho tiempo siendo víctimas de ofertas trampa, en las que los descuentos no son tales, o sencillamente consisten en estrategias basadas en inflar los precios de los productos días o semanas antes del Black Friday para en esta fecha retornarlos al importe original aparentando una gran bajada. Prácticamente lo mismo que ocurre con las tradicionales rebajas.

Abochorna que a estas alturas, todavía haya autoridades autonómicas de (des)protección al consumidor que se atrevan a anunciar públicamente que despliegan a sus inspectores por los comercios cuando llega la temporada de rebajas, en ocasiones incluso dejando que les acompañe algún equipo de informativos de televisión, cuando las inspecciones son en buena parte de los casos poco menos que una pantomima. ¿Cómo es posible que uno de los parámetros a vigilar sea si los establecimientos tienen un cartel a la entrada donde se indique el horario de apertura y cierre, mientras que casi nunca se verifica si los descuentos son reales o una engañifa? Los comercios que no informan de sus horarios son, simplemente, torpes, y sólo se hacen daño a sí mismos con ese descuido. Pero lo que realmente perjudica a los consumidores es que las rebajas sean mentira en una parte de los productos ofertados.

¿Cuántas comunidades autónomas realizan inspecciones en las semanas o meses previos a las rebajas o al Black Friday para monitorizar precios de productos y comprobar, cuando ya comience la temporada de supuestos descuentos, si son reales o inventados? ¿Cuántas hacen públicos cada año los resultados de esas inspecciones? ¿Cuántas dan a conocer a los consumidores qué comercios han sido multados por falsear los descuentos? La respuesta a la primera pregunta es pocas o ninguna. De difusión pública, mejor no hablemos, porque el secretismo de las autoridades competentes en la protección de los consumidores sobre las acciones que llevan a cabo para castigar los fraudes a los consumidores es una auténtica vergüenza desde tiempos ya inmemoriales.