FACUA-Consumidores en Acción valora de forma positiva el paquete de medidas regulatorias en el sector agrario aprobadas por el Gobierno este martes 25 de febrero, pero insiste en reclarmar al Ejecutivo que se informe del precio de origen en los productos del campo.
La asociación lamenta que no se regule un doble etiquetado obligatorio y demanda a los ministerios de Agricultura y Consumo que coordinen la definición de la modificación necesaria en la legislación actual para que pueda llevarse a cabo.
FACUA considera fundamental la obligación del doble etiquetado que ofrezca información a los consumidores sobre el precio en origen de los productos, además del de venta al público, permitiéndoles conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores y así fomentar una compra informada y responsable.
Por otro lado, la asociación ve positivo que la reforma de la Ley de la cadena alimentaria recoja la eliminación de la venta a pérdidas, una de las reivindicaciones que FACUA trasladó al ministro de Agricultura Luis Planas. Con este cambio normativo, el precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción estipulados previamente, lo que evita que productos como leche o aceite se usen como gancho, perjudicando al sector y creando confusión en los consumidores al dar la apariencia de que el resto de productos del establecimiento también tiene precios muy bajos.
Asimismo, FACUA recuerda la necesidad de reforzar los controles para evitar fraudes en los que, en muchos casos, se incurre en competencia desleal y perjuicio a los consumidores, al atribuir características a los productos que realmente no poseen, como un origen falso. La asociación lleva años denunciando a empresas que presentan sus mercancias como originarias de España, cuando realmente proceden del extranjero.
Publicidad de las sanciones
FACUA considera positivo que el Gobierno haya aprobado la publicación desde ahora de las sanciones a operadores que hayan cometido irregularidades. La asociación ha denunciado siempre que el secretismo sobre las sanciones sólo redunda en beneficio del defraudador y en contra de los intereses del consumidor, que se ve desprovisto de información sobre la ilegalidad de prácticas que puede estar padeciendo y ante las que tiene derecho a reclamar.
Además, la asociación recuerda su reivindicación en defensa de un modelo comercial diversificado, donde se potencien los llamados canales cortos de venta, es decir, aquellos que permiten adquirir los productos en origen o en establecimientos que compran directamente a los productores, eliminando los intermediarios.
De esta forma, se recuperaría el equilibrio en un modelo demasiado escorado actualmente hacia las grandes superficies, que deja poco poder a los productores, que no pueden elegir a quién y bajo qué condiciones venden su mercancia. Esto, además, también limita la libertad de los consumidores, que no tienen auténticas opciones de compra ni pueden saber las condiciones en que se ha negociado la intermediación.
Por otro lado, FACUA también ve positiva otras medidas referentes a la situación laboral de los temporeros, como son la reducción del número de jornadas necesarias, de 35 a 20 peonadas, para el acceso al subsidio del desempleo y a la renta agraria de los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, o el acceso de la Inspección de Trabajo a viviendas y locales de descanso puestos a disposición de estos trabajadores.