FACUA Sevilla pide que se aclare cuál era la situación de los centros de mayores antes de la pandemia

FACUA Sevilla se ha dirigido a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para reclamarle que informe de la situación en la que se encontraban las residencias de mayores antes de la actual pandemia del Covid-19, ya que se han convertido en uno de los focos más controvertidos de la crisis sanitaria.

La asociación ha instado a la Consejería a que aclare si disponían de los medios materiales y de personal necesarios, se habían realizado las inspecciones oportunas y contaban con los seguros de responsabilidad civil obligatorios, teniendo en cuenta que la población de ancianos residentes en estos centros está sufriendo los peores efectos del Covid-19.

Según han publicado diferentes medios de comunicación, se han producido fallecimientos en las 171 residencias de la provincia. Tres de ellas, Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache; Fundomar, en Los Bermejales; y DomusVi, en Santa Justa, acumulan el 60% de los casos de fallecidos. Por este motivo, la Fiscalía de Sevilla ya ha abierto "diligencias administrativas" para investigar los hechos.

FACUA Sevilla advierte de que el modelo de servicios sociosanitarios que viene implantándose en el país, que prioriza la iniciativa privada, ha derivado actualmente en una precarización de los medios y el personal, perjudicando la calidad de la asistencia que reciben los usuarios. La situación extraordinaria provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto aún más la necesidad de haber realizado tareas de inspección para garantizar que los centros contaban con los medios necesarios para hacer frente a una crisis sanitaria como la actual.

En este sentido, la asociación muestra su preocupación porque este modelo de atención, con problemas estructurales de calidad de carencias de medios y personal, haya sido una de las causas de lo que está sucediendo en los centros de mayores, por lo que considera fundamental conocer si se había llevado a cabo el necesario control por parte de las administraciones públicas.

De igual forma, resulta necesario conocer el estado en el que se encuentran lps seguros de responsabilidad civil de dichos centros, que sirven para garantizar su responsabilidad en caso de ser necesario. La obligatoriedad de poseer estas pólizas por parte de las residencias viene establecido en la Orden de 5 de noviembre de 2007, de la Consejería, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía.

Esta Orden también recoge las ratios de trabajadores/usuarios de las que deben disponer los centros según su tipo, así como un sistema de comunicación anual para garantizar su mantenimiento y los elementos de protección personal con los que deben contar los profesionales que desempeñan su labor en estas residencias para garantizar su salud y la de los residentes.

Qué dice la normativa

FACUA Sevilla recuerda que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia indica, en su artículo 21, como una de sus finalidades "prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos".

De igual forma, la Ley de Salud Pública de Andalucía indica que las actuaciones en materia de salud pública deberían dirigirse "prioritariamente a las personas más vulnerables y a procurar la equidad social, étnica, cultural, económica, territorial y de género", mientras que el Estatuto de Autonomía andaluz establece que "las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual".

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley de de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía recoge como derechos de los usuarios "la efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente, o a la seguridad de los consumidores".

Actualmente, además, según se establece en la Orden SND/275/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de marzo, "el rápido avance de la enfermedad, la especial vulnerabilidad de las personas mayores (…) obliga a adoptar nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio", por tanto, "se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma" y "a intervenir los centros residenciales".