Tras obtener la semana pasada una autorización de entrada por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz, la Junta de Andalucía ha consumado este jueves 28 de mayo el desalojo de FACUA Cádiz del local donde ha desarrollado su actividad desde su fundación hace 37 años, sin esperar a la resolución definitiva del pleito cuyo resultado podría ser distinto a la ocupación.
En la mañana del jueves, empleados de la Junta, acompañados de varios efectivos de la Policía autonómica, se presentaron en la sede la asociación para ejecutar el desalojo -cambiando la cerradura del local- sin que la asociación tuviera conocimiento de ello y aprovechando el estado de alarma y que los trabajadores de FACUA Cádiz se encuentran en estos momentos trabajando desde sus domicilios particulares siguiendo las recomendaciones del Gobierno central.
Ubicado en la gaditana Barriada de La Paz, se trata de un local propiedad de la Junta, que desde 1983 ha permitido a la asociación su uso para el desarrollo de actividades en defensa de los consumidores, muchas de las cuales han contado incluso con el apoyo económico de los sucesivos gobiernos, incluido el actual.
Represalia por sus críticas
Con el desalojo, el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos ha perpetrado lo que desde FACUA Cádiz califican como una represalia con la que intentan restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo desde la administración andaluza. A esa misma voluntad por parte de la Junta responde la decisión de no esperar a la finalización del estado de alarma para acometer el desalojo.
A pesar de ello, la asociación anuncia que seguirá defendiendo sus intereses ante los tribunales de justicia, al considerar que el procedimiento utilizado por la Junta no es el correcto, lo que, a su juicio, también demostraría que la única intención del Gobierno autonómico ha sido perjudicar a la organización.
Al mismo tiempo, FACUA Cádiz señala que, a pesar de los graves perjuicios que la pérdida del local va a ocasionarle, ello no va a impedir que continúe desarrollando sus actividades. En este sentido, la asociación recuerda que, desde la declaración del estado de alarma, sus trabajadores y colaboradores están desarrollando su actividad telemáticamente desde sus domicilios.
La Junta ha pretendido justificar la meddida en la necesidad de acometer una obra en el edificio, pero lo cierto es que el expediente que instruye el Ayuntamiento de la ciudad pone de manifiesto que no hay ninguna indicación de que sea necesario el desalojo de la asociación de su sede por motivos de seguridad. De hecho, las obras tampoco afectan a otros locales ubicados en el edificio, como la guardería, un club deportivo y una farmacia.