En los últimos cuatro años, la banca ha rechazado casi medio millón de reclamaciones extrajudiciales de cláusulas suelo con la tranquilidad de que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas siguen sin multarles por el fraude de los consumidores de mayor envergadura económica de la historia de España. El 46,5% de los casos sobre hipotecas que tenían cláusula suelo han recibido la respuesta negativa de las entidades, mientras que buena parte de las aceptadas están condicionadas a que los afectados renuncien a recuperar un importante porcentaje del dinero defraudado.
En cuanto a los tribunales, desde junio de 2017 todas las demandas de cláusulas suelo recaen sobre un único juzgado por cada término judicial, donde los jueces están dando la razón a los consumidores en el 96,7% de los casos. La medida ha aumentado el colapso de la Justicia ante estas demandas, pero el actual Gobierno sigue manteniendo el sistema.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que se crearon los juzgados especializados en cláusula suelo hasta el pasado junio se han interpuesto 508.730 demandas. Están pendientes de resolverse 234.053 casos, el 46,0%.
Los sucesivos gobiernos no sólo han abandonado a los hipotecados a su suerte, sino que han diseñado y mantenido hasta hoy un mecanismo extrajudicial de reclamaciones a la medida de los intereses de la banca. Con él, las entidades deciden a quién devuelven o no el dinero, sin que intervenga un árbitro de la administración que dicte resoluciones de carácter vinculante ni las resoluciones negativas representen el riesgo de que las administraciones de protección de los consumidores autonómicas impongan sanciones económicas.
Después de que los gobiernos del PSOE y el PP se desentendiesen de las reiteradadas denuncias presentadas por FACUA y otras organizaciones, el Ejecutivo de Mariano Rajoy reaccionó a la sentencia de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) poniendo en marcha un mecanismo de reclamaciones beneficioso para la banca, que le está permitiendo devolver cantidades inferiores a las que corresponden. Los usuarios están en la práctica obligados a utilizar ese sistema antes de acudir a los tribunales, porque si se lo saltan y el banco acepta sus pretensiones en la contestación a la demanda, se ahorra la condena a pagar las costas de abogado y procurador.
Un informe realizado hace diez años por el Banco de España a petición del Senado indicó que el 29% de las hipotecas a interés variable firmadas entre 2003 y septiembre 2009 tenía suelo -porcentaje que alcanzó el 38% el último año analizado-. En 16 de las 49 entidades bancarias objeto del estudio, el 85% de sus hipotecas tenía esta cláusula.
Poco más de un millón de hipotecados con cláusula suelo han presentado reclamaciones ante la banca a través del sistema fijado por el Gobierno. De las 1.034.225 reclamaciones interpuestas hasta junio de 2020, las entidades han desestimado o inadmitido a trámite casi la mitad, 480.565. No se incluyen en estas cifras otras 182.168 reclamaciones sobre hipotecas que según las entidades no tenían cláusula suelo.
En cuanto a los casos estimados por los bancos, la inmensa mayoría de los usuarios aceptan la propuesta que les hacen, aunque implique la devolución de cuantías inferiores a las que tienen derecho: en las 512.827 reclamaciones estimadas cuyo trámite ha finalizado, sólo 8.709 hipotecados rechazaron la oferta del banco.
Son datos que publica periódicamente la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de las Reclamaciones, coordinada por el Banco de España. Un órgano que representa un auténtico paripé diseñado a la medida de los intereses de la banca, ya que se limita a recibir y publicar la información que le facilitan los bancos. Y pese a que llevamos años viendo cómo esa información pone de manifiesto que casi la mitad de usuarios con cláusula suelo ve inadmitida o rechazada su reclamación, el Gobierno y las comunidades autónomas siguen como si no ocurriera nada. Las multas brillan por su ausencia.
Las cantidades reembolsadas en efectivo por los bancos a través del mecanismo de reclamaciones establecido por el segundo gobierno de Rajoy y mantenido por los de Sánchez representan 1.895 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar otros 386,5 millones devueltos mediante medidas compensatorias distintas de la devolución de efectivo o mixtas.
Si se divide la cuantía total de las cantidades que los bancos han valorado que deben reembolsar -en efectivo o con otras medidas compensatorias- entre el número de reclamaciones estimadas por las entidades, el importe medio representa 4.453 euros.
Dado que la comisión de seguimiento no analiza si los importes que indican los bancos se corresponden realmente con las cantidades defraudadas más los intereses legales, resulta imposible conocer cuántos millones están descontando las entidades a sabiendas de que la gran mayoría de usuarios acepta una quita para no tener que esperar años en los tribunales o incluso da por buena la cifra que le ofrecen sin verificarla con un simulador. Según los datos aportados por los bancos, sólo 2.548 hipotecados han indicado en sus reclamaciones cuánto dinero reclaman. En estos casos, la media es de 7.111 euros.
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Rubén Sánchez es secretario general de FACUA.