FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente que el Gobierno plantee prohibir tanto la ejecución de desahucios en el caso de personas en situación de vulnerabilidad como el establecimiento de subidas abusivas en los contratos de alquiler hasta, al menos, enero de 2021.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre una prórroga de una parte del llamado "escudo social", del que forman parte ambas medidas. La prohibición de los desahucios ya venía recogida en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y con esta ampliación no se podrán realizar en los próximos cuatro meses.
De igual forma, los contratos de alquiler quedarán prorrogados automáticamente para evitar "subidas abusivas", y el Gobierno también contempla la posibilidad de aprobar otra prórroga para las medidas que afectan a los grandes tenedores, de manera que bancos y fondos de inversión tendrán que elegir entre reducir el alquiler un 50% o reestructurar la deuda en, al menos, tres años.
FACUA considera positivo que el Ejecutivo continúe en la línea de medidas que aprobó en marzo y recuerda que se trata de reivindicaciones de la asociación al Gobierno, como la paralización de los desahucios sobre la vivienda habitual en el caso de personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional y la aplicación de la dación en pago.
Con respecto al alquiler, FACUA ya planteó en sus reivindicaciones a las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones del 10N la necesidad de regular los precios máximos para evitar alquileres abusivos, así como el impulso de la vivienda social, integrando en ella la vivienda vacía que está en manos de bancos y fondos de capital y potenciando el alquiler social.
Medidas definitivas
Aunque la asociación valora la ampliación de estas medidas hasta final de año, FACUA considera que deberían implantarse de forma definitiva y no sólo de manera temporal.
La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 -a la que no parece que se le pueda poner fin de momento- puede provocar que la complicada situación que atraviesan muchas familias se prolongue más allá de 2020, por lo que estas medidas serán necesarias a largo plazo si se quieren proteger los derechos de los ciudadanos.
En este sentido, FACUA insta al Gobierno a acometer una remodelación profunda de las normativas de vivienda para implantar definitivamente estas medidas, de forma que se mantenga la prohibición de los desahucios en vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad y se cree una regulación de los precios máximos de alquiler, como forma de garantizar el derecho a la vivienda.