FACUA pide a Consumo una auditoría sobre el número de socios que declaran las organizaciones de usuarios

Ante las causas judiciales por posibles fraudes en ayudas públicas y otros delitos en las que se están viendo envueltas en los últimos años varias organizaciones de consumidores y negocios que simulan serlo, FACUA ha solicitado al Ministerio de Consumo que realice con urgencia una auditoría sobre las asociaciones que reciben financiación pública y representan a los usuarios en órganos consultivos del Gobierno.

Ausbanc en 2016, la federación andaluza de Cauce en 2018 y Adicae en 2020. Son las tres organizaciones que, junto a sus principales dirigentes, han sido objeto de procedimientos judiciales por delitos de fraudes en subvenciones al haber supuestamente inflado sus cifras de socios para simular que contaban con los mínimos exigidos por la legislación para acceder a las ayudas públicas.

El juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias está celebrándose en los últimos meses en la Audiencia Nacional y está previsto que finalice en diciembre. Su presidente, Luis Pineda, está acusado de más de una treintena de delitos. Por su parte, Ucauce -la rama andaluza de Cauce-, su secretario general, Juan Moreno Rodríguez, y el presidente de su organización en Sevilla, Fernando Vázquez Rojas, están siendo investigados por fraude en subvenciones y alzamiento de bienes por el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla.

En cuanto a Adicae, la investiga por falsedad documental y fraude en ayudas públicas el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla. La UDEF apunta como responsables a su presidente, Manuel Pardos, y a su anterior secretario general, Fernando Herrero, al considerar que aportaron durante cuatro años a las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que habrían llegado a cuadruplicar las cifras reales.

Más allá de las causas judiciales, este mismo mes ha sido noticia que el Gobierno de La Rioja reclama a Adicae que devuelva las subvenciones recibidas en los últimos cuatro años. La autoridad de consumo del Ejecutivo autonómico ha expulsado a la entidad del registro de asociaciones de consumidores tras constatar que solicitaba ayudas públicas pese a que su Junta Directiva en la comunidad se había disuelto.

Casos que perjudican a la imagen del movimiento de consumidores

"Esta sucesión de casos en sólo cuatro años viene perjudicando a la imagen del conjunto del movimiento de defensa de los consumidores", ha señalado el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, en un escrito dirigido esta semana al al secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero. La situación "hace más necesario que nunca que todas las administraciones competentes en fiscalizar nuestra labor pongan en marcha los procedimientos que están a su alcance para verificar que las cifras de socios que declaramos sean las reales, máxime en los casos en que la normativa establece un mínimo de asociados para acceder a subvenciones públicas o éstas pueden aumentar conforme mayor sea el número de socios", plantea Sánchez en su misiva.

Ante todos estos hechos, FACUA ha solicitado al Ministerio de Consumo que ponga en marcha una auditoría sobre los datos relativos al número de socios declarados por nueve asociaciones en la convocatoria para la constitución del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que tuvo lugar en 2018, y en las convocatorias de subvenciones de 2019, 2018 y 2017 de la entonces denominada Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Desde este año, las ayudas las otorga la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón.

Es la segunda ocasión en que FACUA pide al Ministerio que audite a las organizaciones de consumidores. El pasado febrero, la ahora presidenta de FACUA, Olga Ruiz, se dirigió al ministro para advertir de la proliferación de negocios fraudulentos que simulan ser asociaciones de usuarios. En su escrito, recordó a Garzón que durante décadas se ha mirado hacia otro lado ante organizaciones que han recibido irregularmente dinero de empresas o que han inflado sus cifras de socios para acceder a subvenciones públicas.

FACUA considera que la auditoría debería incluir el requerimiento de los listados completos de asociados de las asociaciones consumidores a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios anteriores a las convocatorias de subvenciones y una revisión de los datos incluidos en los mismos. Y ello para verificar si, como declararon las asociaciones, a fechas 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018 tenían un número de socios superior a 10.000, una de las condiciones para acceder a las ayudas públicas establecidas en los pasados ejercicios. Condición que también se establecía para formar parte del CCU, requisito para poder representar a los consumidores en numerosos órganos consultivos del Gobierno.