FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan un año más la inversión en políticas de consumo

FACUA Andalucía critica que los Presupuestos de 2021 para la comunidad autónoma reduzcan un año más la inversión en políticas de consumo, cuya dotación presupuestaria ha bajado un 5,98%, y asegura que "no hay recursos ni voluntad política de dar respuesta a los miles de consumidores andaluces afectados por fraudes e irregularidades".

Jordi Castilla, secretario general de la federación, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento para presentar las alegaciones de la organización al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

FACUA Andalucía propone el aumento del presupuesto para el programa de consumo 4.4.H, el refuerzo del control del mercado y de los recursos destinados a inspección y garantizar un procedimiento eficaz que haga que las sanciones cumplan con su función disuasoria. Además, considera prioritario una regulación que garantice los derechos de los consumidores y la protección de los más vulnerables frente a los suministros hídrico y eléctrico -aún más prioritario si cabe debido a la pandemia de Covid-19-, impulsar los órganos de participación social y un mayor apoyo y reconocimiento del movimiento consumerista.

En un año que estará marcado todavía por la crisis económica provocada por el Covid-19, que ha afectado la capacidad económica de miles de familias, Castilla ha advertido de que el descenso de un 5,98% en la partida presupuestaria del programa 4.4.H "no va a permitir mejorar la protección de los consumidores".

Así, la federación critica que el programa de Consumo represente un 0,0328% del total de los presupuestos. "Nunca en los últimos dieciséis años tuvo tan escasa incidencia y representó tan poco", ha afirmado Castilla.

FACUA Andalucía también incide en la necesidad de potenciar la labor de inspección y control de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta los recientes fraudes que han sufrido los consumidores andaluces -como el cierre de clínicas dentales- o los problemas de seguridad alimentaria -cuyo exponente máximo ha sido el caso Magrudis.

Así, Castilla ha criticado que, en lugar de potenciar esta labor, los Presupuestos sigan en la línea de reducir aún más esta actividad, lo que lleva a un mercado "menos controlado por la administración pública y, por ende, más inseguro para consumidores y usuarios".

La federación también alerta de la necesidad de que las infracciones en materia de consumo no sean sólo sancionadas, sino que se acompañe de la devolución de las cantidades percibidas indebidamente y de las indemnizaciones por daños y perjuicios que se hubieran causado.

De igual forma, el secretario general de FACUA Andalucía ha advertido de que la reducción, un año más, de las partidas destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios supone un "claro ataque" al movimiendo asociativo andaluz en materia de consumo, con el fin de "debilitar un modelo que viene siendo actor principal en la lucha contra los abusos y el altavoz de los consumidores frente a los fraudes del mercado".

Y todo ello pese a la incoherencia de que en los Presupuestos se cite que "la posición de desequilibrio que se establece entre los sectores suministradores de productos y servicios o servicios y las personas consumidoras, hacen necesarias políticas activas para aminorar el desequilibrio”, refiriendo expresamente “el apoyo a las organizaciones de personas consumidoras”.

Política sanitaria

Por otra parte, FACUA Andalucía también ha precisado la necesidad contar con voluntad política para defender y blindar la sanidad frente a corrientes privatizadoras, así como de dotarla de recursos económicos suficientes y garantizar la participación ciudadana en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud, para que cuenten con la legitimación social necesaria.

La federación insiste en que resulta imprescindible mejorar y humanizar la atención a los usuarios, reducir las listas de espera, ordenar las urgencias para ganar en eficacia y evitar su saturación, impulsar la atención primaria y supervisar los sistemas de inspección de los servicios y de atención a las reclamaciones.

Vivienda, comercio y turismo

La federación también ha advertido de la necesidad de desarrollar un marco normativo para garantizar el acceso a una vivienda digna, en un momento, además, en que la crisis del Covid-19 está poniendo dificultando su acceso tanto a las familias y colectivos vulnerables cómo a familias trabajadores y jóvenes que buscan emanciparse y ven un mercado marcado por altos alquileres especulativos y escasa vivienda pública.

Así, los objetivos deberían ser facilitar y garantizar a las familias el acceso a una vivienda digna, de calidad y adecuada, evitar los desahucios, que generan mayor exclusión social y privan de un derecho esencial a los ciudadanos, intervenir en el mercado del alquiler y movilizar el parque de viviendas desocupadas.

En cuanto a los presupuestos destinados a comercio y turismo, FACUA Andalucía advierte de que siguen sin ponerse en marcha medidas destinadas a su mejora que no sean ayudas directas al sector empresarial y entiende necesario que se debe reforzar igualmente el control sobre los fraudes y abusos en estos sectores.

Medioambiente y participación social

La federación también ha criticado que, un año más, los Presupuestos vuelven a hacer caso omiso a los retos del Gobierno de hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano reconocido.

En este sentido, FACUA Andalucía incide en la necesidad implementar la propia Ley de Aguas de Andalucía y poner en marcha el Observatorio del Agua de Andalucía y demás órganos de participación en materia de aguas, que se encuentran paralizados. La federación recuerda que en 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas que ayuden a paliar la pobreza hídrica, a mejorar la información en materia de aguas, de planificación y de apoyo y orientación a los municipios para la remunicipalización de los servicios de agua privatizados.

Por último, la federación advierte que no hay previsiones de mejora de la participación social y ciudadana. No hay dotación prevista para impulsar y posibilitar la participación ciudadana, ni para el desarrollo de la Ley de participación ni tampoco en la dotación de recursos destinados a los consejos de participación y observatorios creados en estos años.

Así, FACUA Andalucía apuesta por el control público de la ejecución de las políticas públicas, así como dar voz a la ciudadanía en el desarrollo y ejecución de las acciones del Gobierno.