La necesaria reforma del bono social

Hacer frente, de manera eficaz, a la pobreza energética y garantizar los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento deberían ser objetivos prioritarios para el Gobierno. El bono social, tanto en lo referente a la electricidad como el térmico, se configura como una herramienta necesaria, pero su aplicación dista mucho de ser ideal.

La crisis provocada por la Covid-19, que ha afectado de forma transversal a todos los ciudadanos, también ha tenido efectos negativos en los usuarios del bono social. Desde FACUA, hemos considerado necesario reclamar al Gobierno que acometa una más que necesaria reforma de esta medida, de manera que su aplicación suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua.

Sin embargo, las propuestas de FACUA no se limitan a solicitar un cambio en la bonificación de los recibos, sino también en modificar las condiciones necesarias para poder acceder al bono social. Así, entendemos que, a fin de ser considerado consumidor vulnerable, el usuario debería cumplir como requisito que sus gastos en suministros domésticos y el coste de la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen, al menos, el 35% de sus ingresos, y que estos no sean superiores a dos salarios mínimos, o tres en función del número de hijos, personas con discapacidad, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Actualmente, el salario mínimo interprofesional (SMI) está en 13.300 euros brutos al año para catorce pagas. El límite de dos SMI se incrementaría en 0,2 veces el salario mínimo por cada hijo a cargo de la vivienda o por cada persona mayor de 65 años, y en 0,3 veces por hijo en el caso de familias con un sólo progenitor.

Pero este límite también debe ser revisado en función de las características especiales que pueda tener una familiar. Esto es, si alguno de los miembros tuviese declarada una discapacidad de al menos el 33%, existiera una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma acreditada para realizar una actividad laboral, sea víctima del terrorismo o de violencia de género -incluida la económica-, la unidad familiar podría acceder al bono social si sus ingresos no superan tres veces el SMI, más allá de los incrementos acumulados por cada hijo o persona mayor de 65 años a su cargo.

Desde FACUA hemos advertido en diversas ocasiones de usuarios que han perdido el derecho al bono social por no haber solicitado a tiempo su renovación, pese a seguir cumpliendo con todos los requisitos. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe en enero de 2021 en el que indicaba que septiembre de 2020 cerró con más de 146.477 beneficiarios menos, que no renovaron en plazo el bono social tras el fin de la prórroga que aprobó el Gobierno durante el estado de alarma.

Esta problemática hace indispensable modificar la forma de renovación del bono, de forma que se prorrogue de forma automática para el siguiente periodo, dejando como obligación informar a la administración de cualquier cambio en las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la medida.

También se hace preciso articular mecanismos que garanticen que un usuario pueda ser beneficiario del bono social aunque no sea titular del suministro. Actualmente, se da la circunstancia de que existen muchas personas en régimen de alquiler que no pueden beneficiarse de esta medida ya que el suministro está a nombre de su arrendador y este no favorece o incluso impide el cambio de titularidad.

Por ello, podría articularse como alternativa que se reconozca como beneficiario al consumidor que acredite por cualquier medio válido que reside en la vivienda y afronta habitualmente el pago de los suministros, aunque no sea el titular de los mismos.

El bono social, además, debe ir en consonancia con el resto de medidas destinadas a proteger a los ciudadanos en situaciones de pobreza o de exclusión social, garantizando que el consumidor vulnerable no deba ir peregrinando por distintas administraciones para conseguir el reconocimiento de derechos sociales y ayudas que le permitan una vida digna. Así, debe articularse un procedimiento mediante el cual, a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, Rentas mínimas o de inserción y beneficiarios de ayudas y prestaciones de ámbito local se les incorpore la garantía de acceso a suministros básicos mediante la aplicación de los distintos bonos.

Varios miembros de la familia que iba a ser desahuciada, a 10 de mayo de 2021, en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. | Imagen: Europa Press.

Familias en riesgo de exclusión social

Las sucesivas crisis económicas, con sus devastadores efectos para la generación de empleo, han provocado que, en los últimos años, existan familias que hayan pasado a depender de un único sueldo que, en muchos casos, ni siquiera superan el salario mínimo. Desde FACUA, por tanto, consideramos que los núcleos familiares que se encuentre en esta situación -con ingresos que no superan un SMI- sean consideradas familias en riesgo de exclusión social y el descuento del bono social en los recibos alcance el 70%.

Este porcentaje podría subir hasta el 100% en caso de que los servicios sociales emitan un dictamen que certifique que una familia con ingresos menores al SMI tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, por lo que serían las empresas quienes se harían cargo de las facturas.

Aumentar los límites al consumo

Actualmente, el bono social eléctrico se aplica para un límite de consumo anual de entre 1.380 y 4.140 kWh. Margenes que entendemos muy reducidos en la coyuntura actual, y que resultan insuficientes para el consumo medio de un hogar en la actualidad.

En FACUA creemos que sería necesario ampliar el límite hasta los 3.600 kWh anuales -lo que supone una media de 300 al mes- en familias de hasta dos personas, y aumentarlo en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un tope de 5.200 kWh anuales.

Prohibir los cortes de suministro

Pero todas estas medidas deben ir acompañadas de la prohibición de dejar sin suministros a las familias que, por sus condiciones de vulnerabilidad o exclusión social, pueden verse incapaces de hacer frente a los recibos.

Así, desde FACUA hemos instado al Gobierno a prohibir dichos cortes a consumidores en riesgo de exclusión social -o que se encuentran ya en exclusión-, así como a unidades familiares reconocidas como consumidor vulnerable en la que haya un miembro con más de 65 años, discapacitada dependiente, desempleada o menor de edad.

Bono social térmico y agua

Junto con la revisión del bono social eléctrico, se hace necesaria una profunda modificación del bono destinado al suministro de gas, ya sea canalizado o envasado. Así, hemos instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que equipare los descuentos y niveles de renta del bono social térmico a los indicados anteriormente para el eléctrico.

En el caso del gas envasado -por ejemplo, butano-, resulta necesario articular un mecanismo que permita el pago de ayudas económicas directas que contribuyan a sostener su coste.

Además, consideramos imprescindible avanzar en el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, en consonancia con lo establecido por las Naciones Unidas, y que aún carece de reflejo en nuestra actual Ley de Aguas. Aunque esta normativa sí incorporó el principio de accesibilidad al agua, garantizando atender las necesidades básicas a un precio asequible, esto debería suponer la regulación de consumos mínimos vitales, la obligatoriedad de tarifas sociales y la garantía de suministro al conjunto de la ciudadanía, para que nadie pueda ser privado del acceso a agua potable y saneamiento por no poder afrontar su pago.

En definitiva, el Gobierno debe acometer una serie de mejoras en el bono social para garantizar que se trate de una herramienta eficaz que ayude a paliar las dañinas consecuencias que provoca para la vida y dignidad de los ciudadanos no poder acceder en igualdad a los suministros básicos, indispensables para su desarrollo vital.

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Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.