La UE declara ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta 2048 por no salir a licitación

La Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 a Audasa hasta el año 2048 por no salir a licitación pública. El organismo lo ha puesto en conocimiento del Gobierno español a través de una carta en la que le apremia a "garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión".

El Libro Verde de la UE sobre contratación pública establece que en estos casos debe realizarse un nuevo proceso de licitación para que otras empresas pudieran optar a explotar la autopista. De tal modo, las prórrogas de la concesión de la AP-9 deberían haber sido objeto de un procedimiento de contratación que no se llevó a cabo. Esta ampliación de la concesión de la AP-9 se aprobó obviando el procedimiento previo de licitación pública.

El organismo europeo ha planteado al Gobierno dos meses para responder a las alegaciones presentadas. En caso de que el Estado español no acepte las indicaciones de la Comisión, esta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

Esta advertencia se ha dado a raíz de que la asociación gallega En-Colectivo presentase en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa vulneraban la normativa comunitaria. Dichos plazos han sido aprobados por dos reales decretos: uno en 1994 hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González, y otro en el año 2000 hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar.

El asesor jurídico de En-Colectivo, Carlos Cenalmor, explicaba a comienzos de este año que la denuncia se basa en el hecho de que, cuando se hicieron las prórrogas, se estaba modificando sustancialmente el contrato con la concesionaria.

Existe una denuncia similar relativa a una autopista de peaje en Italia, cuya concesión también fue prorrogada sin nueva licitación. En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento por incumplimiento contra este país.

"El Estado español puede tramitar una nueva licitación que, en todo caso, sería en unas condiciones muy distintas a las actuales. O bien puede hacer lo que se está haciendo en el resto de España, que es dejar las autopistas libres de peaje, porque lo contrario sería un agravio comparativo hacia Galicia", señalaba Carlos Cenalmor en relación con los supuestos que se abren.