El Gobierno ordena demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas desde enero de 2020

El Gobierno ha ordenado demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas en esta legislatura. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "tiene constancia de la finalización del plazo concesional o de la extinción, desde enero de 2020", de 21 concesiones con apenas 37,7 megavatios (MW) de potencia, ubicadas en las provincias de Alicante, Asturias, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, La Rioja, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Tal y como ha recogido ElDiario.es, desde 2020 se ha ordenado la "demolición a cargo del titular" de doce de ellas, con 15,38 MW, en las cuencas del Cantábrico, Tajo, Júcar y Ebro. Otras cuatro (11,8 MW) han sido revertidas y adscritas a las confederaciones del Cantábrico y el Ebro para que las gestionen directamente. En dos (2,8 MW) se ha iniciado el expediente de extinción. Y en tres (7,2 MW) ese trámite aún no ha empezado, explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 7 de septiembre.

Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al extinguirse estos aprovechamientos (con carácter general, se extienden 75 años, aunque algunas se han llegado a prorrogar más de un siglo), debe optarse por su continuidad o demoler las instalaciones. De los que se ha decidido destruir, la mayoría de la potencia (12 MW) corresponde a la presa de Los Toranes (Albentosa, Teruel), construida en 1954 y ubicada en el río Mijares (comarca de Gúdar-Javalambre).

Esta concesión se extinguió en noviembre de 2020 y la explotaba Iberdrola. Transición Ecológica ordenó demoler la presa con el apoyo de varios grupos ecologistas, que defienden recuperar el estado original de los ríos, como marca la Estrategia Europea para la Biodiversidad para 2030, que se propuso devolver a su caudal libre 25.000 kilómetros de cursos fluviales en la UE.

En febrero, Ecologistas en Acción, WWF, SEO-Birdlife o Amigos de la Tierra, entre otros, enviaron una carta a la vicepresidenta Teresa Ribera en apoyo al derribo, por "criterios científicos, técnicos y ambientales", porque su producción energética es "muy escasa" y "su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial".

La presa está "obsoleta" y si sigue en pie es porque Iberdrola ha pleiteado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque "no quiere pagar los costes", ha indicado el exeurodiputado David Hammerstein, de la asociación Ríos con Vida.

Pero algunos grupos locales se oponen al derribo: del Gobierno de Aragón al PSOE de Teruel o el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que en diciembre reclamó a Ribera que "evalúe correctamente el impacto social que provocaría": la presa y las acequias que alimenta "generan riqueza en el sector agrícola, en el energético e incluso en el turístico, al perder dos saltos de agua muy visitados", y "es un punto esencial de captación de agua en una zona de alto riesgo de incendios". También el PP se interesó entonces por la infraestructura.

Según Transición Ecológica, cuando termina una concesión hay que conjugar muchos factores y "uno de los objetivos que se han marcado los planes hidrológicos del tercer ciclo, actualmente en consulta pública, es recuperar el espacio fluvial" para que las masas de agua "ocupen su espacio natural".

"Para ello se propone, entre otras acciones, la demolición y retirada de infraestructuras grises que interrumpen la continuidad longitudinal y lateral de los ríos. Estas actuaciones van dirigidas a mitigar el riesgo de inundación, a contribuir a que las masas de agua alcancen los objetivos ambientales y a proteger y mejorar la biodiversidad". Otra opción es continuar su explotación. Varios de esos planes a consulta plantean dar más poder al Estado en la gestión de estas infraestructuras.

Pregunta del PP

El Gobierno indica que está fijando "criterios comunes" a todas las confederaciones para "coordinar y orientar los procedimientos de extinción y la eventual continuidad de la explotación de los aprovechamientos", para que la reversión cumpla "los objetivos de la planificación hidrológica y los programas de medidas asociados a las masas de agua afectadas, así como la consideración de las exigencias medioambientales derivadas del resto de legislación nacional y autonómica, especialmente aquella que afecta a zonas protegidas".

Su respuesta emana de una pregunta del PP, que pasó de interesarse por las presas caducadas y las medidas "para revisar la caducidad de las concesiones" el 10 de junio a ridiculizar la idea de una empresa pública de energía en agosto, cuando con el precio de la luz ya disparado, Ribera se abrió a esa opción, que enfrió en septiembre el presidente del Gobierno porque "no forma parte del acuerdo de coalición".

Así lo recordó Pedro Sánchez en vísperas de aprobar por Real Decreto-Ley un recorte temporal de 2.600 millones de euros a las eléctricas para abaratar el recibo e intentar que acabe 2021 en los niveles de 2018 pese al aumento exponencial del mercado mayorista eléctrico por la subida del gas. Las eléctricas están en pie de guerra contra el decreto y un proyecto de ley para descontarles los ingresos extra que reciben por la subida del CO2 y que les invita a renunciar a las concesiones hidroeléctricas si creen que no van a ser rentables cuando se aplique.

Los datos de esa respuesta muestran el escaso volumen de MW hidroeléctricos que ha vencido esta legislatura. En junio, Transición Ecológica facilitó un listado incompleto con 30 concesiones que caducarán en la próxima década y sumaban más de 700 MW de potencia, en su mayoría en manos de las grandes eléctricas. Pero la bolsa real se desconoce.