El Gobierno ha acordado trasladar a los Juzgados de Primera Instancia las quejas de consumidores, usuarios y viajeros con la finalidad de reajustar y aliviar a los Juzgados de lo Mercantil, todo ello acompañando a la reforma de la Ley concursal, a propuesta de la ministra de Justicia Pilar Llop.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que para descongestionar los juzgados mercantiles se incrementará la saturación de los civiles, y por ello la mejora debe ir de la mano del incremento de los medios y recursos humanos y técnicos, así como de alternativas extrajudiciales eficaces.
El Gobierno ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Poder Judicial como reforma complementaria a la Ley Concursal para descargar de competencias a los juzgados mercantiles y secciones especializadas de las Audiencias con el objetivo de mejorar y agilizar los concursos, declaraciones de insolvencia de empresas y particulares y segunda oportunidad.
Es decir, los procedimientos de los que se encargan actualmente los juzgados de lo mercantil y secciones especializadas de las Audiencias, más vinculados a las materias de protección de los consumidores, pasarían a los juzgados de Primera Instancia y secciones de lo civil de las Audiencias provinciales.
"¿Esto ayuda a descongestionar los juzgados? ¿La medida perjudica o beneficia a los consumidores? En cuanto a descongestionar juzgados, en líneas generales, podemos decir que se traslada la congestión a Primera Instancia y secciones de lo civil de las Audiencias", señala Olga Ruiz, presidenta de FACUA. "Mejora los juzgados mercantiles para que puedan centrarse en materias concretas ligadas a insolvencias en el marco de la Ley Concursal, pero satura los civiles".
"Claramente, el objetivo de la norma no es agilizar la justicia para los consumidores y proteger en mayor medida sus derechos. Para esto último no han hecho nada aún", expresa Ruiz. "El Gobierno debe poner en marcha urgentemente procedimientos extrajudiciales de resolución de las reclamaciones de consumidores eficaces".
FACUA señala que trasladar quejas de los consumidores a juzgados de Primera Instancia y a secciones de lo civil de las Audiencias no tiene por qué ser, a priori, negativo, contando con que no estén colapsados. Pero, sin duda, el foco de este asunto se encuentra en que "el Gobierno debería trabajar en evitar que se judicializasen quejas y reclamaciones de los consumidores. Si actuase de forma contundente aplicando multas disuasorias a las empresas que incumplen y abusan y apostara realmente por procedimientos alternativos a la vía judicial, nos ahorraríamos muchos de los problemas de saturación de los juzgados", hace hincapié Ruiz.
Asimismo, el proyecto de ley establece que los Juzgados de lo Mercantil dejen de tener competencias en los casos de compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, así como los casos de viajeros por otras vías. En relación, Ruiz incide en que "las quejas y reclamaciones de los consumidores contra las compañías aéreas llegan a los tribunales porque el Gobierno no actúa de forma eficaz y contundente contra estas empresas que se saltan el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros Aéreos".