Cataluña abre expediente sancionador de 600.000 euros a EDistribución por impedir la emisión de facturas

FACUA denunció este tipo de irregularidades, cometidas por varias distribuidoras de luz, en septiembre de 2021 ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que aún no ha anunciado multas.

Cataluña abre expediente sancionador de 600.000 euros a EDistribución por impedir la emisión de facturas

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, a través de la Dirección General de Energía de la Generalitat de Catalunya, ha abierto un expediente sancionador a la empresa distribuidora de electricidad EDistribución Redes Digitales, del grupo Endesa, por impedir la emisión de facturas a empresas y particulares desde el 1 de junio de 2021. En concreto, propone una multa de 600.000 euros al constatar que el incumplimiento de la compañía inicialmente ha afectado a dos millones de usuarios; además de poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico al hacer peligrar la viabilidad de comercializadoras de luz que compiten en un mercado eléctrico caracterizado por una fuerte concentración empresarial.

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción denunció este tipo de irregularidades, cometidas por varias distribuidoras en todo el territorio español, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en septiembre del pasado año. Pero por el momento la Comisión no ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores al respecto.

De la documentación del expediente de la Generalitat se desprende un presunto incumplimiento de las obligaciones y funciones de la empresa distribuidora, consistente en no haber facturado los peajes y en no haber puesto a disposición de las comercializadoras las lecturas necesarias para que éstas puedan facturar los consumos a los usuarios de acuerdo con los plazos establecidos.

El impedir la emisión de facturas por parte de la empresa distribuidora tiene efectos tanto para los consumidores como para las empresas comercializadoras. Para los usuarios, se traduce en la acumulación de recibos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en impagos e incluso cortes de suministro.

Para las empresas comercializadoras, la falta de emisión de facturas de consumo por parte de la distribuidora les provoca tensiones de tesorería porque descompensa los pagos de obligaciones a los que deben hacer frente y los ingresos, lo que pone en riesgo su viabilidad.

La directora general de Energía, Assumpta Farran, ha recordado que el Govern cree "de manera firme y decidida en la democratización de la energía", y ha advertido que "con prácticas como la que sancionamos lo que se puede producir es una todavía mayor concentración del poder en pocas empresas". La directora ha explicado que la falta de facturación está "tensionando" las pequeñas comercializadoras que "después de 20 años han logrado hacerse un espacio en el mercado", y ha alertado de que esta tensión se produce "en un momento muy complicado de precios del mercado, que las pone en graves problemas de tesorería". "Si la administración y el órgano regulador de la competencia no actúan, se conseguirá concentrar aún más el poder de mercado", ha concluido.

El expediente informativo determina que, desde la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria en junio de 2021, más de 2 millones de puntos de suministro han sufrido retrasos en su facturación. La normativa establece que el recibo debe emitirse en un plazo máximo de 5 días desde la fecha de lectura del contador. En noviembre todavía quedaban unos 40.000 usuarios con facturación pendiente.

El cambio de marco tarifario y el nuevo sistema de facturación no justifican las incidencias

La Dirección General de Energía ha desestimado los argumentos presentados por la empresa. Así, el expediente informativo considera que la compañía no puede atribuir la falta de emisión de facturas a un cambio normativo sobrevenido, puesto que la implantación del nuevo marco tarifario y de las medidas previstas por la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debía aplicarse inicialmente el 1 de noviembre de 2020 y, como consecuencia de la Covid-19, se pospuso dos veces hasta el 1 de junio de 2021.

También se considera que la puesta en marcha de un nuevo sistema de facturación por parte de EDistribución Redes Digitales, que se habría visto afectado por el nuevo marco tarifario, "no justifica la situación producida", puesto que "se trata de una decisión empresarial y no responde a ninguna exigencia de la Administración".

El expediente también considera que el hecho de que EDistribución Redes Digitales haya adoptado medidas extraordinarias para que las empresas comercializadoras puedan hacer frente a sus obligaciones mientras no perciben ingresos al no haber podido emitir facturas a los consumidores "evidencia que los efectos de estos incumplimientos durante un período de tiempo prolongado, como es el caso, pueden afectar incluso a la viabilidad económica de las empresas comercializadoras hasta el punto de poder provocar su cierre", lo que "ha puesto y pone en peligro la estabilidad del sistema eléctrico".

Debe prorratear las facturas a los usuarios

Además de conminar a la compañía a tomar las medidas necesarias para resolver la situación, la Dirección General de Energía ha resuelto que la distribuidora de electricidad de Endesa deberá prorratear la facturación acumulada de los usuarios afectados en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el incumplimiento. Esta medida deberá realizarse mediante la comercializadora de cada usuario, que deberá ser debidamente informada.

La empresa, asimismo, deberá informar quincenalmente a la Generalitat de las actuaciones previstas y de cualquier incidencia que se produzca hasta que se normalice la situación. Momento que se producirá cuando se emita la facturación acumulada de los usuarios afectados en base a lecturas reales de los equipos de medida.

La Dirección General de Energía de la Generalitat ha señalado que el incumplimiento de EDistribución Redes Digitales, además de perjudicar a los consumidores, afecta directamente a la competencia en la comercialización de electricidad, una actividad liberalizada y en la que también está presente. Para las empresas comercializadoras, la falta de facturación se ha añadido a un entorno de precios de la electricidad muy elevados, al encarecimiento de las garantías que deben depositar al operador del sistema ya que deben soportar el diferencial entre el 10% del IVA que deben facturar a los clientes y el 21% que deben soportar.

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