El Gobierno extremeño del PSOE deja el canon del agua que se comprometió a eliminar cuando era oposición

FACUA Extremadura critica que la Junta se haya negado una vez más a eliminar el canon de saneamiento del agua vigente desde el año 2012 que el PSOE, cuando se encontraba en la oposición antes de acceder al gobierno de la comunidad, se comprometió a eliminar.

El Ejecutivo extremeño, presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, ha desestimado nuevamente todas las alegaciones que la asociación realizó al borrador de la nueva Ley de Aguas, negándose a incluir ni una sola de las medidas que FACUA Extremadura considera necesarias para conseguir una mejor protección de los usuarios de este suministro básico.

En este sentido, la asociación considera especialmente indignante que la Junta de Extremadura siga manteniendo un canon de saneamiento pese a que en ningún momento se justifica la necesidad de su existencia, limitándose a señalar que "su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas", pero sin especificar para qué mejoras se ha utilizado y cuáles se siguen realizando que necesiten de dicho canon.

FACUA Extremadura recuerda que este suplemento, que aprobó en 2012 el anterior gobierno del Partido Popular, fue objeto de una resolución de la Asamblea de la comunidad en la que el propio PSOE se comprometió a su eliminación.

En 2019, sin embargo, y con el partido socialista ya en el Gobierno de Extremadura, la Asamblea rechazó la eliminación del canon: los votos del Grupo Socialista fueron los que decantaron la votación.

Ahora, el Ejecutivo de Fernández Vara vuelve a negarse a quitar este concepto y apostar, como pedía la asociación, por un canon puntual y finalista, que se cobrase únicamente cuando fuera necesario para obras de mejora de infraestructuras concretas.

Desestimación de alegaciones

La Junta, además, también ha desestimado el resto de alegaciones que la asociación realizó al nuevo texto de la Ley de Aguas.

Así, entre otras, se ha negado a la creación de un marco común que permita armonizar las normativas municipales, no ha considerado "procedente" que se incluya la obligación de convocar a las asociaciones de consumidores como forma de promover la participación de la ciudadanía en el ciclo integral urbano del agua y tampoco ha entendido necesario incluir en la norma autonómica medidas para garantizar el acceso de este suministro a la población vulnerable, dejándolo en manos de posteriores desarrollos.