La presidenta y el vicepresidente de FACUA se reúnen con el ministro de Consumo

La presidenta de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano, se han reunido este miércoles con el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En la reunión, celebrada en el ministerio y a petición de la organización, los dirigentes consumeristas han expuesto a Garzón sus reivindicaciones sobre la futura ley de servicios de atención al cliente y los cambios en la regulación del registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios.

Ruiz ha planteado al ministro la necesidad de que el Ministerio de Consumo aborde un texto avanzado, garantista con los consumidores y que ofrezca una regulación integral y de calidad de los servicios de atención al cliente, para que logre su objetivo de frenar los abusos y dé respuesta a las necesidades de los usuarios.

Entre las prioridades sobre esta norma, cuya elaboración fue demandada por la presidenta de FACUA en la anterior reunión que mantuvo con Garzón, al inicio de la legislatura, la organización plantea la necesidad de que incorpore el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a sus reclamaciones en determinados plazos o lo hagan destestimándolas si posteriormente logran que se les dé la razón.

La presidenta de FACUA ha señalado al ministro de Consumo las principales carencias que la asociación ha encontrado en el texto del anteproyecto. Así, impone plazos excesivos para que las empresas contesten a las reclamaciones de los usuarios. Son 30 días, frente a los 10 que desde hace décadas es obligatorio contestar a las reclamaciones en comunidades como Andalucía.

La presidenta de FACUA, Olga Ruiz, con el ministro de Consumo, Alberto Garzón. | Imagen: Ministerio de Consumo.

Ante esto, la organización reclama que se establezcan distintos plazos de respuesta, mucho más reducidos, acordes a las características de las empresas y del tipo de reclamación planteada.

El texto que está en fase de anteproyecto tiene en opinión de FACUA un ámbito de aplicación injustificadamente limitado -no afecta a todas las empresas-. Además, la asociación critica que permite el corte de suministro ante impagos aunque el usuario haya reclamado la deuda ante la administración competente o los tribunales, elimina la obligatoriedad de que las empresas dispongan de correo electrónico y dirección postal para atender las reclamaciones, y no establece parámetros de calidad en la atención teléfonica -ni siquiera regula un tiempo de espera máximo-, entre otras cuestiones.

Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

Ruiz y Serrano también han querido trasladar a Garzón la necesidad de realizar una regulación más profunda y detallada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores (Reacu), que el ministerio está revisando en la actualidad, así como una actualización de la normativa actual que regula a estas organizaciones.

En este sentido, han mostrado su preocupación ante la existencia de una regulación insuficiente que pueda provocar que accedan al Registro entidades con intereses distintos del movimiento consumerista, cuando su objetivo debe ser promover auténticas organizaciones de consumidores sin ánimo de lucro y con un funcionamiento democrático e independiente.

Así, los dirigentes de FACUA han planteado la necesidad de endurecer los requisitos para que una organización pueda ser incluida en el registro estatal y evitar así que estén en él negocios disfrazados o entidades sin base afiliativa.

Entre sus reivindicaciones, el establecimiento de medidas para garantizar que las entidades inscritas en el Reacu sean independientes del sector empresarial privado, sin ayudas económicas o pagos que puedan poner en cuestión su imagen y credibilidad o condicionar su actividad como asociación de consumidores.

Asimismo, FACUA reclama que las asociaciones inscritas en el registro estatal tengan un número mínimo de socios e ingresos por sus cuotas. Así, pide que cuenten con no menos de 3.000 socios que pertenezcan a un mínimo de tres comunidades autónomas, y que tengan un mínimo de ingresos anuales procedentes de las cuotas de sus socios.

Además, FACUA considera necesario de que el registro de asociaciones de consumidores sea una herramienta de control y transparencia al servicio de la sociedad, debiendo ser de consulta pública y asegurando que los datos referidos a memoria de actividades, cuentas anuales, programas, presupuestos, órganos de dirección y posibles acuerdos y convenios con agentes del mercado cuenten con publicidad activa por parte de la asociación.

Por último, los dirigentes consumeristas también han trasladado a Garzón que esperan que se destinen los recursos suficientes para que el Ministerio pueda cumplir con su labor de iniciar expedientes sancionadores contra abusos que tengan expansión por todo el territorio español -tarea que podrá llevar a cabo una vez entre en vigor este 29 de mayo la modificación del Real Decreto Ley 1/2007 que configura esta competencia-, así como el reconocimiento de las organizaciones de consumidores como parte interesada en los procedimientos administrativos.