FACUA Málaga ha logrado que la Junta de Andalucía aporte finalmente parte de la documentación del proceso llevado a cabo para la ubicación de la nueva estación depuradora de aguas residuales en la Vega de Mestanza.
La asociación inició en 2021 actuaciones de oficio ante la falta de transparencia por dicho proceso, en el que la Junta decidió la nueva ubicación de las instalaciones de depuración EDAR Aglomeración Urbana Guadalhorce-Málaga Norte.
FACUA Málaga tuvo conocimiento del caso a través de un grupo de propietarios de una serie de fincas agrícolas que van a ser objeto de expropiación. Según los afectados, existe un estudio oficial de la Junta que define otras alternativas para la ubicación de la nueva depuradora, más apropiadas que la finalmente elegida, pero, a pesar de sus esfuerzos, no han logrado que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla les ofrezca algún tipo de respuesta a sus peticiones para conocer el procedimiento por el que se decidió el destino final.
El proyecto tiene previsto la construcción de una plataforma de casi 30.000 metros cuadrados y cinco de altura, en pleno valle del río Guadalhorce. Para ello, está contemplado la eliminación de miles de árboles cítricos de producción ecológica certificada. En este sentido, la asociación señala que, pese a no ser flora protegida, tiene un importante valor ecológico en cuanto a descarbonización del aire, como elemento fundamental del hábitat de la fauna del valle, a nivel paisajístico y como núcleo de producción ecológica.
En contraposición al proyecto, sin embargo, FACUA Málaga recuerda que en febrero de 2021 el Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley (PNL) donde instó a la Junta a rectificar la ubicación de esta nueva estructura proyectada en la Vega de Mestanza.
Queja ante el Defensor del Pueblo
En mayo de 2021, la asociación se dirigió a la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía para conocer el contenido del procedimiento, pero la administración no emitió respuesta alguna.
Esto motivó a la asociación a dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz para emitir la correspondiente queja ante la opacidad del Gobierno autonómico.
Finalmente, en mayo de 2022, la Junta ha remitido a FACUA Málaga la documentación que solicitó. La asociación señala que, tras un primer estudio de la misma, ha detectado omisiones de información fundamental sobre el sustento técnico de las decisiones tomadas por la administración, así como incongruencias en las fechas de las distintas fases del proyecto.
Depuración deficiente
En este sentido, la asociación señala que la implantación de una nueva depuradora es una necesidad desde hace muchos años para la zona de Málaga. La deficiente gestión del ciclo urbano del agua, incumpliendo la normativa europea de depuración de aguas residuales en varios municipios de la provincia, ha conllevado importantes sanciones económicas al Estado, además de graves daños medioambientales.
Esta situación, denuncia FACUA Málaga, contrasta con las ingentes cantidades que durante años ha recaudado la Junta de Andalucía a través del canon de depuracíón en la factura del agua, que deberían haber sido invertidas en infraestructuras de depuración como la necesaria en Málaga.
El conflicto existente entre las administraciones locales malagueñas afectadas y la propia Junta ha conllevado inaceptables retrasos en el cumplimiento de las leyes europeas. Sin embargo, incide la asociación, la urgencia en cumplir con la normativa no debe impedir que la decisión de la ubicación de la nueva depuradora se base en criterios técnicos, económicos y medioambientales objetivos.