FACUA denuncia al Mad Cool por cobrar la gestión de la devolución del dinero de las pulseras 'cashless'

La asociación considera excesivamente breve el plazo de diez días para hacer este trámite, lo que supone un perjuicio para el consumidor y un enriquecimiento injusto para la organización.

FACUA denuncia al Mad Cool por cobrar la gestión de la devolución del dinero de las pulseras  'cashless'

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Mad Cool Festival SL, empresa promotora y organizadora del Mad Cool que tuvo lugar en Madrid entre el 6 y el 10 de julio, por cobrar a los usuarios 1,5 euros en concepto de gastos de gestión por recuperar el dinero no gastado en sus pulseras cashless y establecer un plazo de sólo diez días para solicitar dicha devolución.

Estas pulseras podían ser recargadas con dinero por vía telemática o en el propio recinto en las zonas del festival identificadas como "Recarga de pulseras", siendo el único método de pago habilitado en el festival, por lo que no se permitía a los asistentes abonar sus consumiciones ni en efectivo ni con tarjeta.

Además, una vez finalizado el festival, a los usuarios se les cobra 1,50 euros en concepto de gastos de gestión a la hora de solicitar la devolución del dinero cargado en las pulseras que no han gastado, estableciendo un importe mínimo de 2 euros para poder pedir el reembolso.

Del mismo modo, se ha establecido un plazo de únicamente diez días para que los asistentes al Mad Cool puedan recuperar el importe sobrante de sus pulseras, siendo la fecha límite el 20 de julio a las 23.59 horas.

¿Qué dice la ley?

FACUA recuerda el artículo 50 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, menciona en su apartado 5 que "constituyen infracciones en materia de normalización técnica, comercial y de prestación de servicios, así como en materia de condiciones o técnicas de venta y suministro de bienes o servicios, la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas así como la no aceptación de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados".

Del mismo modo, este artículo recoge en su apartado 8 que será considerado infracción "la inclusión de cláusulas abusivas en las condiciones generales de los contratos y las ofertas publicitarias, así como la realización de prácticas no consentidas expresamente por los consumidores que, según la legislación aplicable, resulten abusivas y lesionen sus derechos".

Asimismo, y en relación al plazo de sólo 10 días para solicitar la devolución del dinero, el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señala que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Un plazo excesivamente breve

FACUA considera que la empresa organizadora del Mad Cool atenta a la buena fe al imponerse un plazo excesivamente breve en perjuicio del consumidor, lo que supone un flagrante desequilibrio contractual ya que si el usuario no actúa en las fechas indicadas, la organización obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de la cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta.

Por todo ello, la asociación ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid en la que se solicita que inste a Mad Cool Festival SL a restituir de forma automática a los consumidores el dinero que hay en sus pulseras cashless, independientemente del importe que tengan.

Del mismo modo, también se ha requerido al organismo regional que inicie el expediente mediante el que se instruyan las posibles infracciones que haya podido cometer la empresa en este sentido, e imponga una sanción en caso de acreditarse la vulneración de la ley.

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