FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la obligatoriedad de implantar sistemas de videovigilancia en los mataderos españoles para el control del bienestar animal.
El Real Decreto que regulará la implantación de cámaras ha sido impulsado por el Ministerio de Consumo, con la participación de los ministerios de Agricultura, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030.
La medida es una reivindicación histórica de FACUA y de organizaciones animalistas, que la consideraban imprescindible para evitar nuevos casos de maltrato animal en este tipo de instalaciones y garantizar que se cumplen correctamente todos los protocolos establecidos en el trato que se le debe dar a los animales.
El secretario general de Consumo, Rafael Escudero, ha señalado que se trata de "una repetida demanda de las asociaciones de consumidores, para tener mayor confianza, que dé garantías del bienestar animal". Las cámaras deberán estar situadas, como mínimo, en las instalaciones donde se encuentren los animales vivos, incluyendo zonadas de descarga, pasillos de condución y las zonas donde se tengan lugar las actividades de aturdimiento y sangrado.
Actitud vigilante y sanciones
Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto, los mataderos tendrán entre uno y dos años para instalar el sistema de videovigilancia, en función de su tamaño. En caso de que no se haya llevado a cabo una vez superado el plazo, las comunidades autónomas tienen la potestad de instar a su colocación o incluso cerrar las instalaciones.
De igual forma, si las grabaciones detectan irregularidades, además de las sanciones que ya se contemplan en la legislación actual ante este tipo de casos, se podrá retirar el certificado de bienestar animal a las empresas infractorias. Las imágenes deberán guardarse al menos un mes por parte de los mataderos para posibles comprobaciones posteriores.
En este sentido, FACUA espera que las administraciones regionales presenten una actitud vigilante para garantizar que todas las empresas cumplen con la nueva obligación, así como para imponer las sanciones correspondientes a las empresas que cometan irregularidades.