FACUA pide al Gobierno un mayor compromiso para frenar la constante subida de la electricidad

FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a un mayor compromiso en sus medidas para frenar la constante y desproporcionada subida de la electricidad.

La presidenta de la asociación, Olga Ruiz, y el directivo de FACUA Jordi Castilla se han reunido con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general de Política Energética, Manuel García, este martes 6 de septiembre, en un encuentro en el que también han participado otras organizaciones de consumidores y que ha tenido lugar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido, FACUA reclama una intervención de los precios de la electricidad que acabe con el sistema marginalista. Así, pide al Gobierno que inste a Bruselas a poner fin a esta fórmula de fijación de tarifas que sólo fomenta la especulación por parte de las grandes empresas energéticas.

De igual forma, Ruiz ha señalado que debe avanzarse hacia la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública productora o generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.

Control del fraude y mayor información

La presidenta de FACUA ha indicado que el Gobierno debe emprender protocolos de control del fraude en el sector eléctrico, con la finalidad de identificar y actuar ante las ofertas engañosas de las compañías y ante el incumplimiento de los periodos de contratación, entre otros.

Además, ha criticado que el Gobierno haya dejado en manos de las eléctricas la información que se dirige a los usuarios acerca de los precios y cambios regulatorios, y sobre cómo afectan a su factura. Así, esto está provocando en los últimos meses una gran cofusión a buena parte de los consumidores, que reciben información poco clara acerca de las tarifas y del precio que pagan finalmente por la luz.

Bono social

Por otro lado, la presidenta de FACUA también ha reclamado que se aumente de forma considerable el número de familias que pueden ser beneficiarias del bono social, ya que actualmente es muy reducido el número de consumidores que tienen la posibilidad de acogerse al mismo en función de sus ingresos.

Ruiz ha indicado que resulta urgente una reforma completa de esta ayuda, de manera que se convierta en una auténtica tarifa refugio para las familias más vulnerables. Para ello, entre otros aspectos, debería aumentarse el límite máximo de consumo que se bonifica, así como tocar los límites de renta necesarios para poder acogerse a él.

Esta reformulación debería abarcar también al bono social térmico -dependiente de las comunidades autónomas-. Muchos usuarios de determinadas autonomías aún no han recibido la ayuda de 2021, por lo que la presidenta de FACUA ha instado al Ministerio a coordinar con las comunidades las medidas que sean necesarias para corregir la situación.

Impulso a las energías renovables

De igual forma, FACUA ha reclamado una apuesta decidida por la transición ecológica y por las energías renovables, en la que las administraciones públicas -a nivel estatal, autonómico y local- sean referentes para el cambio de modelo, promoviendo su implantación en espacios públicos y aprovechando el espacio urbano para la generación de renovables.

La asociación ha pedido al Ministerio que se adopten medidas orientadas a potenciar y agilizar los trámites vinculados a la contratación de autoconsumo para los usuarios domésticos, ya que actualmente se demoran en el tiempo debido a la falta de agilidad administrativa.

Además, para acelerar la transición energética, resulta imprescindible un mayor fomento del autoconsumo con ayudas para instalaciones de consumidores domésticos a nivel individual y comunidades propietarios.

Cambio en la potencia contratada

Ruiz ha trasladado igualmente la propuesta de FACUA de desarrollar campañas institucionales que impliquen a las distintas administraciones públicas, organizaciones de consumidores y empresas eléctricas, a través de las cuáles se informe a los usuarios qué es la potencia contratada, cuándo bajarla y cuánto se puede ahorrar con ello, además de recuperar la gratuidad de la gestión por bajar la potencia contratada, una medida que estuvo vigente hasta el pasado 31 de mayo.

Según la última encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta un 78% de los hogares españoles tienen más potencia eléctrica contratada de la que necesitan.

Por otro lado, deben ponerse en marcha planes de eficiencia y ahorro energético en edificios y espacios públicos, con adecuación de las temperaturas, disminución de la contaminación lumínica en las ciudades y el impulso de medidas constructivas y de adecuación y adaptación de los espacios, favoreciendo el uso eficiente de la energía desde el sector público.