FACUA Andalucía rechaza la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio aprobada por la Junta

La federación señala que esta medida sólo favorece a las rentas más altas en detrimento del resto de la población andaluza y de los servicios públicos de la comunidad.

FACUA Andalucía rechaza la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio aprobada por la Junta
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. | Imagen: Europa Press.

FACUA Andalucía rechaza de pleno la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la bajada del IRPF aprobadas por el Gobierno de la Junta y advierte de que esta medida sólo favorece a las rentas más altas en detrimento del resto de la población andaluza y de los servicios públicos de la comunidad.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 21 de septiembre el Decreto-ley 7/2022, que viene a consolidar el anunció que realizó hace unos días el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, de una bajada general del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y la bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras medidas, lo que supone, de facto, la supresión de dicho impuesto.

En este sentido, la federación critica que la Junta de Andalucía continúe con su política de favorecer al sector empresarial y a las rentas más altas en perjuicio de los fondos que necesita la comunidad autónoma para garantizar unos servicios públicos de calidad y eficientes que puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Así, FACUA Andalucía señala que la modificación introducida por el Gobierno de la Junta provocará una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación. No cabe olvidar que en 2021 el Impuesto sobre el Patrimonio consiguió unos fondos de 120 millones de euros, afectando sólo a 20.661 andaluces.

Moreno Bonilla argumentaba que la supresión de este tributo permitiría atraer más capacidad inversora a Andalucía, aunque la federación señala que en ningún caso esto garantiza que los beneficios del sector empresarial que decida domiciliarse en la región retornen a la administración pública, permitiéndole mayores ingresos para una mejor capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

El presidente de FACUA Andalucía, Manuel Baus, ha criticado que la Junta asuma "la pérdida para las arcas públicas de estos 120 millones cuando, en relación a políticas de protección a los consumidores, el Gobierno andaluz sólo destinó en los últimos presupuestos una exigua cantidad de 13 millones de euros".

"Un montante a todas luces insuficiente para potenciar la labor de inspección y control de la Junta, la propia estructura administrativa de la Dirección General de Consumo -que cuenta con unos servicios territoriales infradotados- o garantizar una apuesta suficiente por el movimiento asociativo, cada vez más parca", ha incidido Baus.

Mandato constitucional

FACUA Andalucía recuerda que los impuestos son imprescindibles para la financiación del gasto público, y que deben ser suficientes para el mantenimiento del Estado del Bienestar y de los ciudadanos.

De esta forma, debe regirse por los principios de igualdad y progresividad que marca la Constitución Española, de forma que a igual capacidad económica la contribución tributaria debe ser la misma, y a mayor capacidad, mayor debe ser la contribución a los fondos públicos.

Sin embargo, la apuesta de la Junta de Andalucía atenta contra estos principios constitucionales para favorecer, una vez más, a quienes más tienen. El Gobierno de Moreno Bonilla pretende eximir de contribuir a la financiación de los servicios públicos a aquellos que precisamente deberían aportar más.

De nuevo, acusa la federación, el Ejecutivo autonómico se pone al servicio del capital, de las rentas más altas y de las grandes empresas, a costa de perjudicar a sus ciudadanos y los servicios públicos esenciales que debe garantizarles.

Falta de inversión pública

FACUA Andalucía incide en que, en contraposición con esta exención tributaria a las rentas más altas, la comunidad autónoma es una de las que vienen ocupando las últimas posiciones en inversión sanitaria por habitante. En 2020 ocupó el último lugar, con tan sólo 1.298 euros por habitante.

No sólo eso, sino que también viene siendo el vagón de cola en educación por alumno. Datos de 2019 revelaron que la media nacional era de 6.230 euros, pero Andalucía sólo destinaba 5.442 euros.

De igual forma, los retrasos en otorgar las ayudas sociales también son inaceptables, tanto que provocaron la propia crítica del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu: "es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora".

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