FACUA-Consumidores en Acción critica la pasividad del Ministerio de Consumo para obligar a las empresas a disponer de un seguro de responsabilidad civil, que sirva para indemnizar a las víctimas en caso de que ocurran situaciones parecidas a las del caso Magrudis o a los cierres de clínicas odontológicas que se han producido los últimos años, situaciones que han generado daños a los consumidores.
El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha declarado insolventes a los dueños de Magrudis imputados por el brote masivo de listeriosis detectado en 2019 en España, una intoxicación que causó cuatro muertos, siete abortos y multitud de lesionados, 245 de ellos reconocidos junto a los representantes de las víctimas mortales en la causa judicial abierta tras la querella de FACUA. El seguro contratado por Magrudis sólo cubre 300.000 euros, mientras que la fianza solidaria impuesta por la magistrada superaba los cinco millones de euros.
FACUA lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas que se pongan de acuerdo para, mediante ley, obligar a las empresas a que tengan un seguro de responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por daños y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo.
La ley general de 1984 preveía que el Gobierno desarrollase la regulación de dichos seguros y el fondo de depósito, pero casi cuarenta años después sigue sin aprobarse.
La asociación señala que, ya en el año 2019, la asociación expuso en una reunión a Alberto Garzón, actual ministro de Consumo y por aquel entonces en la oposición como diputado y coordinador general de Izquierda Unida, esta y otras reivindicaciones necesarias para desarrollar la legislación vigente. Años antes ya lo había planteado también a diferentes gobiernos tanto de PSOE como de PP, a raiz del envenenamiento masivo provocado por el aceite de colza desnaturalizado a principios de los 80, lo que dio lugar a que el mandato al Gobierno para que se regularan los seguros obligatorios se recogiera en la Ley de 1984.
De este modo, FACUA critica que todavía no se haya llevado a cabo el desarrollo de la normativa vigente para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares de insolvencia como las ocurridas con los dueños de Magrudis.
Este caso vuelve a poner de relieve la necesidad de impulsar este desarrollo normativo lo antes posible. Por ello, la asociación insiste en pedir al Gobierno que plantee las mejoras que se le reclamaron cuando estaba en la oposición y sobre las que ahora tiene las competencias.
Consumo tiene capacidad para impulsar este cambio
FACUA recuerda que el Gobierno tiene la capacidad de llevar a cabo esta ampliación de la norma desarrollando mediante Real Decreto Ley lo dispuesto en el artículo 131 del Real Decreto Legisaltivo 1/2007: "El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, podrá establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los daños causados por bienes o servicios defectuosos y un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales".
La asociación considera esencial que sea obligatorio en sectores como el de la alimentación o el de los servicios médicos, más aún teniendo en cuenta que estamos ante actividades de riesgo y la multitud de cierres, incumplimientos y negligencias que se han producido también en los últimos años en grandes cadenas de clínicas dentales.