FACUA Euskadi exige a Transportes que mantenga la gestión pública del control aéreo de Bilbao-Loui

FACUA Euskadi ha exigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que cese la privatización de los servicios públcios de control del espacio aéreo español y, más concretamente, mantenga la gestión pública de la torre de control del aeropuerto de Bilbao-Loui, ante la propuesta del Gobierno de España de privatizar la gestión de otras siete nuevas torres de control del tráfico aéreo, entre ellas la del aeropuerto de Bilbao - Loiu.

Esta nueva liberalización se suma a la ya realizada recientemente en doce aeropuertos españoles, cuya torre de control ha pasado a gestión privada.

Servio público esencial

FACUA Euskadi defiende que el control aéreo es un servicio público esencial, por ello no debe recaer en manos de una empresa privada.

La ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo establece las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y fija las determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo: "Los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, así como los de información de vuelo, de alerta y de asesoramiento asociados a los volúmenes de espacio aéreo en los que se prestan tales servicios, continuarán prestándose directamente por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), como entidad designada para dicha función", cita la norma.

El servicio público se define como toda labor cuyo desempeño debe ser regulado, asegurado y controlado por el Gobierno en la medida en que la ejecución de esa labor es imprescindible para el desarrollo de la sociedad.

FACUA Euskadi ha insistido en que el servicio público nace para satisfacer las necesidades de la sociedad y no puede ser sino el Estado quien únicamente tenga encomendada esta actividad, por ser el Estado el encargado de velar por el bienestar de la ciudadanía. "Por tanto, esta importantísima actividad no se puede dejar en manos de la empresa privada, cuyo fin último es el lucro propio y no el bienestar social", añaden.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 149 de la Constitución Española dispone que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre (...) aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo", entre otras cuestiones. Por ello, la asociación ha reclamado que se garantice la gestión pública y el control por parte del Gobierno de estas responsabilidades, y se impida que los servicios sean prestados por empresas privadas.