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FACUA Castilla y León reclama la reapertura del Centro de Salud del Silo en Burgos tras 5 años de obras
La asociación insta a la Consejería de Sanidad a que culminen las obras del nuevo edificio del ambulatorio que están perjudicando a los pacientes con derivaciones a otros centros de salud.
FACUA Castilla y León reclama la reapertura del centro sanitario del Silo, en Burgos, que lleva 5 años en espera de la finalización de las obras de construcción de las nuevas instalaciones, lo que está generando una serie de derivaciones de pacientes a otro centro de salud que ha tenido que ser ampliado con módulos prefabricados en defectuosas condiciones.
En una instancia registrada ante la Gerencia de Salud de Áreas de Burgos de la Consejería de Sanidad, FACUA Castilla y León advierte que este retraso en las obras de construcción del nuevo edificio va en detrimento de la prestación de unos servicios sanitarios públicos accesibles y de calidad, y afecta a la dignidad y a la suficiencia en la atención a las necesidades de los pacientes de la zona, provocando una situación límite en el servicio de salud.
Prestaciones sanitarias públicas y de calidad
FACUA Castilla y León recuerda que la Constitución Española en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la organización y tutela de la sanidad pública a través de medidas preventivas y de la prestación de servicios necesarios.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 13 reconoce el derecho a la salud, definido como el derecho a la protección integral de la salud y encomienda a los poderes públicos velar para que este derecho sea efectivo. La Comunidad Autónoma asume también la competencia en materia de sanidad, por lo que está obligada a crear y planificar estructuras y a dotarlas de competencias, organizar recursos materiales y personales, y hacer efectivo ese derecho.
En este sentido, FACUA Castilla y León recuerda que se debe prestar un servicio de salud universal y de calidad. La asociación subraya que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece, entre otros asuntos, "la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales", lo que goza de principio general en el artículo 19.
