23J: FACUA presenta sus 13 propuestas en materia de protección de los derechos de los consumidores

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un documento con 13 propuestas en materia de protección de los consumidores que está remitiendo a las diferentes candidaturas democráticas que concurren a las Elecciones Generales del próximo 23 de julio (puedes acceder al documento en este enlace).

Entre las principales reivindicaciones se encuentra la necesidad de apostar por un mayor control y vigilancia del mercado, con servicios de inspección que trabajen en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como planes anuales de inspección de ámbito nacional.

Para ello sería necesario mantener un Ministerio de Consumo que cuente con recursos suficientes para ejercer su labor de desarrollo de políticas de protección al consumidor y de vigilancia, con un cuerpo de inspectores amplio que permitiese realizar investigaciones de oficio, coordinar las denuncias que lleguen desde las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores y coordinar la información sobre las irregularidades detectadas con el resto de organismso de la Administración con competencias de control y sanción.

La asociación también incide en que el nuevo Gobierno que salga de las urnas debería apostar por una intervención en los mercados que están provocando la subida de los precios de bienes y servicios para obtener más beneficios. En este sentido, FACUA hace hincapié en la cesta de la compra, donde las medidas aprobadas por el actual Ejecutivo -como la reducción del IVA de algunos alimentos básicos- se han demostrado ineficaces.

Así, sería necesaria la adopción de medidas realmente efectivas, como el establecimiento de precios máximos -algo permitido por la normativa- y hacer públicos los márgenes de beneficio de productores y distribuidores, para que la ciudadanía pudiera conocer quiénes están inflando precios para aumentar sus ganancias.

Suministros, vivienda y banca

Para la asociación resulta imprescindible seguir realizando reformas en el sector energético para garantizar precios aseguibles, así como mayor calidad y garantías a los consumidores, una vez demostrado que la regulación actual ha resultado ser insuficiente. Por ello, plantea la intervención de precios, para así garantizar que sean estables, accesibles y transparentes, y poner fin a los abusos tarifarios.

Además, debe realizarse una revisión completa del bono social, para conseguir que sea una auténtica tarifa social, incorporando mayor agilidad y eficiencia en su reconocimiento y aplicación a los usuarios; realizar un control efectivo y de sanción de las prácticas y ofertas fraudulentas, y reforzar el impulso a las renovables y a las políticas de eficiencia energética.

En cuanto a políticas de vivienda, FACUA señala que deben llevarse a cabo nuevas medidas como la paralización de los desahucios de familias vulnerables, establecer la dación en pago y un compromiso real en la lucha y búsqueda de soluciones contra este problema, garantizando la participación de la sociedad civil.

Entre algunas de las medidas, el control de los precios del alquiler y su regulación en aquellas zonas en los que sea necesario y la creación de viviendas sociales, en las que deberían integrarse las viviendas vacías que se encuentran actualmente en manos de la banca y los fondos de capital, desarrollando alquileres sociales.

El sector financiero es otro en los que resulta necesaria una regulación, habida cuenta del aumento de reclamaciones contra las entidades bancarias que recibe el Banco de España. Así, es preciso la imposición de sanciones contundentes ante las prácticas ilícitas que se detecten, como el cobro de comisiones abusivas, tipos de interés usureros, gastos que no corresponden al usuario, cláusulas abusivas en los contratos, etc.

Se debe seguir adelante con la aprobación de una Ley de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Una normativa que se encontraba en una fase muy avanzada de aprobación parlamentaria. El nuevo Gobierno debe promover la finalización y aprobación de esta ley que permita resolver con carácter vinculante las reclamaciones de los consumidores.

Seguros de responsabilidad civil y seguridad alimentaria

FACUA señala la necesidad de establecer la obligación de que las empresas dispongan de un seguro obligatorio de responsabilidad civil -proporcional a su volumen de negocio- que sirva para indemnizar a las víctimas en situaciones de cierre empresarial o daños por el uso de bienes o servicios.

Los casos de Magrudis o el cierre de diferentes clínicas odontológicas ha mostrado la necesidad de este tipo de seguro, teniendo en cuenta que han generado importantes perjuicios económicos y a la salud de cientos de usuarios.

En relación a la seguridad, la asociación propone reforzar los mecanismos para su control, revisando las actuales herramientas de alerta y prevención. Además, debe avanzarse en un mayor grado de transparencia e información sobre los productos y sus riesgos, y volver a poner en el centro el control por parte de la Administración, disminuyendo el papel que en los últimos años ha tenido el autocontrol de las propias empresas en detrimento de la supervisión por parte de los organismos públicos.

Independencia de las asociaciones de consumidores

Para lograr unas asociaciones de consumidores realmente independientes y cuyos intereses no se vean plegados a los del sector empresarial, FACUA propone la prohibición de que estas organizaciones puedan recibir importes económicos o en especie de empresas privadas.

Se trata de la única forma de lograr asociaciones que velen por los derechos de los consumidores, ya que lo contrario condiciona inevitablemente sus acciones y su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios.

Por ello, resulta necesario eliminar el segundo apartado del artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que habilita a este tipo de financiación.

La colaboración con el sector privado, advierte FACUA, debe tener como único objetivo la mejora del funcionamiento del mercado, la resolución de conflictos y lograr un mayor equilibrio en beneficio de los consumidores.