FACUA-Consumidores en Acción ha mantenido una reunión este martes 5 de julio con Podemos para presentarle su documento de 13 propuestas en materia de defensa de los derechos de los consumidores, de cara a las próximas Elecciones Generales del 23 de julio.
La presidenta de la asociación, Olga Ruiz, ha trasladado al secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de la formación política, Pablo Echenique, las reivindicaciones que FACUA considera imprescindibles que el nuevo Gobierno tenga en consideración y lleve a cabo para una mejor protección de los usuarios durante la legislatura.
En este sentido, Podemos se encuentra actualmente ultimando las propuestas programáticas que tiene previso trasladar a Sumar, la coalición de partidos dentro de la cual se presenta a los comicios.
Así, el documento recoge 13 medidas en materia de control de precios, inspección y vigilancia ante los fraudes, energía, vivienda o banca, entre otras.
La reunión con Podemos se trata del primero de los diferentes encuentros que FACUA tiene previsto mantener con las formaciones políticas que concurren a las Elecciones Generales. El documento con las propuestas de la asociación puede encontrarse en este enlace, que la asociación ya ha trasladado a los distintos partidos.
Refuerzo de la inspección
La asociación aboga por el mantenimiento y refuerzo de un Ministerio de Consumo que cuente con recursos suficientes para ejercer su labor de desarrollo de políticas de protección al consumidor y de vigilancia del mercado; una apuesta por una intervención en los mercados que están provocando la subida de los precios de bienes y servicios para obtener más beneficios; la reforma del sector energético para lograr precios asequibles para los usuarios; el control del fraude por parte de las empresas; y la mejora del bono social, para que se configure como una auténtica tarifa social.
También el control sobre las prácticas abusivas por parte del sector inmobiliario, y la regulación de los precios del alquiler en aquellas zonas en las que sea necesario, así como la paralización de los desahucios sobre las familias vulnerables, el establecimiento de la dación en pago y la creación de un parque de viviendas públicas.
Por otro lado, la presidenta de FACUA ha resaltado la necesidad de una regulación más eficaz del sector financiero, habida cuenta del aumento de reclamaciones de consumidores ante las prácticas de los bancos, y el impulso a Ley de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que permita resolver con carácter vinculante las reclamaciones de los consumidores.
De igual forma, ha señalado que se debe regular la obligación a las empresas de disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil -proporcional a su volumen de negocio- que sirva para indemnizar a las víctimas en situaciones de cierre empresarial o daños por el uso de bienes o servicios.
Independencia de las asociaciones de consumidores
FACUA incide igualmente en que el nuevo Ejecutivo debe recoger la Ley de Servicios de Atención al Cliente -que se encuentra actualmente en tramitación- y avanzar en su aprobación, de forma que se disponga de una normativa necesaria para la mejora del funcionamiento de estos servicios. Una norma que establezca criterios y requisitos mínimos obligatorios de calidaden la atención, plazos breve de respuesta y prevea sanciones si se incumple.
La independencia de las organizaciones de consumidores del sector empresarial es otro de los puntos clave tratados en la reunión mantenida entre FACUA y Podemos. Así, la asociación propone la prohibición de que puedan recibir importes económicos o en especie de empresas privadas, derogando el segundo apartado del artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
Se trata de la única forma de lograr asociaciones que velen por los derechos de los consumidores, ya que lo contrario condiciona inevitablemente sus acciones y su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios.