Juicio contra Iberdrola: declaran dos de los cuatro directivos encausados

Este martes 17 de octubre ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra Iberdrola Generación y cuatro directivos por el supuesto sistema ideado en 2013 para incrementar el precio de la energía que vendía con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores".

FACUA-Consumidores en Acción, quien ejerce la acusación particular, ha solicitado a la Audiencia Nacional una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, el quíntuple de los beneficios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que había obtenido debido a dicha actuación.

Además, la asociación ha pedido para el director de Gestión de Energía, A.C., el exresponsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R., el jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P., penas de tres años de prisión y 18 meses de multa -con una cuota diaria de 400 euros- por delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor.

En esta primera sesión del juicio, A.C. y G.R. han negado en todo momento que su compañía manipulara el precio de la luz a finales del año 2013. Durante el interrogatorio del fiscal han descartado que hubiese ninguna irregularidad y se han defendido asegurando que "es el mercado el que puede hacer que el precio suba".

En su defensa, A.C. ha asegurado que el precio se marcaba de forma automática por medio de "una máquina", limitándose la intervención humana a "hacer estimaciones". Es la primera vez que una gran eléctrica se enfrenta a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía.

Durante esta semana también declararán J.L.R.J. y J.P., los otros dos directivos encausados. Posteriormente será el turno de peritos y testigos entre los que se encuentra José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo entre los años 2011 y 2015.

Denuncia de Anticorrupción

El caso arrancó en 2017 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra Iberdrola al considerar que incurrió en un "delito contra el mercado y los consumidores" con la paralización de las centrales de los ríos Duero, Tajo y Sil, lo que le permitió obtener un "lucro ilícito" de unos 20 millones de euros. FACUA ya se había dirigido en 2015 a la Fiscalía General del Estado, que le dio traslado a la Fiscalía de Vizcaya, la cual decidió archivarla.

Ese mismo año, la CNMC había multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad. Iberdrola recortó intencionadamente la producción de energía hidráulica, la más barata, para que entrara en el mercado mayorista de la electricidad -denominado pool- la procedente de los ciclos combinados, que son mucho más caros y acaban marcando un precio final más alto.

Una vez abierta la causa en la Audiencia Nacional, FACUA, como acusación particular, solicitó en 2020 al juez Moreno que pidiese a la CNMC que calculase cuál habría sido el precio de la electricidad si Iberdrola no hubiera provocado su subida mediante la paralización de las centrales. Competencia estimó que la eléctrica había provocado un aumento del precio del mercado diario de unos 7 euros por megavatio hora, obteniendo 21,5 millones de euros de beneficio.