FACUA Cádiz conmemora el 40 aniversario de su fundación

FACUA Cádiz organiza este viernes 3 de noviembre una conferencia que, bajo el título Por qué somos necesarios, servirá para conmemorar el 40 aniversario de su fundación. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, será el encargado de pronunciar esta charla en la que analizará la trascendencia del trabajo que se viene desarrollando desde esta organización.

La conferencia tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en la Sala Argüelles del Aulario "La Bomba" de la Universidad de Cádiz (UCA). La presentación del acto correrá a cargo de Juan Clavero, histórico dirigente del movimiento ecologista.

Origen de FACUA Cádiz

En el año 1983, un grupo de activistas del movimiento vecinal gaditano, liderado por Manuel Iglesias, constituían la Asociación de Consumidores y Usuarios de Cádiz "La Defensa" con la finalidad de defender a los gaditanos contra los abusos y fraudes por parte de empresas y de las administraciones públicas.

Cuarenta años más tarde, aquella asociación, actualmente bajo la denominación de FACUA Cádiz, continúa trabajando con el mismo fin para el que fue fundada, contando con más de 14.500 socios repartidos por los municipios de la provincia gaditana, en la que mantiene tres oficinas de atención al consumidor: dos en Cádiz y una en Jerez de la Frontera.

Dispone de un servicio jurídico que gestiona anualmente alrededor de 3.500 consultas y denuncias. Además, representa los intereses de los consumidores en un importante número de órganos institucionales de ayuntamientos y consejerías, y realiza numerosas actividades formativas e informativas, entre otras actividades. Por ello, FACUA Cádiz se ha convertido en una de las organizaciones sociales de mayor relevancia en la provincia.

A lo largo de su trayectoria, FACUA Cádiz no sólo ha tenido que enfrentarse a ataques por parte de las empresas que fueron objeto de sus denuncias. También se ha visto obligada a defenderse de agresiones por parte de administraciones públicas que no sólo han incumplido el mandato que les impone la Constitución de fomentar esta organización, atendiendo a su condición de asociación de consumidores, sino que, por el contrario, han intentado obstaculizar la labor que realiza.

Un claro ejemplo de estos ataques lo constituyó la decisión arbitraria e injustificada de la Junta de Andalucía de expulsar a la asociación de la sede en la que fue fundada y en la que desarrolló su labor durante más de 37 años, ubicada en el edificio que en su día fuera el Centro Cívico de la Barriada de la Paz. El desalojo se ejecutó en mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19, con la excusa de recuperar con urgencia el uso de un inmueble que, a día de hoy, continúa desocupado.

A pesar del duro golpe que supuso esta decisión, FACUA Cádiz no sólo no ha visto mermada su capacidad de actuación sino que, por el contrario, ha incrementado sus niveles de actividad e implantación. Actualmente dispone de una nueva sede, en propiedad, ubicada en la Plaza de Argüelles, frente al centro teatral de la Central Lechera.

Independencia de partidos políticos, sindicatos y empresas

FACUA Cádiz considera que la base del éxito de su trayectoria se ha fundamentado en el mantenimiento de un posicionamiento progresista en defensa de los intereses de los consumidores desde la más absoluta independencia de partidos políticos, sindicatos y, sobre todo, de empresas.

A tal efecto, la asociación se ha dotado de un código ético por el que, entre otras cuestiones, se compromete a no percibir ningún tipo de ingresos procedente de empresas o a que sus directivos no puedan compaginar el ejercicio de su cargo en la organización con otro en partidos políticos o sindicatos.

Otro pilar fundamental en la trayectoria de FACUA Cádiz lo constituye su apuesta por conjugar el trabajo voluntario de sus socios con la profesionalización de sus cuadros técnicos y directivos, lo que le ha permitido mantener su nivel de actividad y, sobre todo, atender las necesidades de los consumidores como, por ejemplo, en la tramitación de casos de fraudes masivos como el de las cláusulas suelo, las estafas de Fórum y Afinsa, o el cierre de cadenas de clínicas dentales.