FACUA lamenta la pérdida de protagonismo de las políticas de Consumo en el organigrama del nuevo Gobierno

FACUA-Consumidores en Acción lamenta la pérdida de protagonismo de las políticas de consumo en el organigrama del nuevo Gobierno al desaparecer el Ministerio de Consumo, cuyas competencias pasarán al de Derechos Sociales y Agenda 2030.

FACUA considera que la protección de los consumidores debería contar con un ministerio dedicado a ellas en exclusiva, como por primera vez ocurrió en la anterior legislatura.

En este sentido, la asociación muestra su preocupación ante la posibilidad de que las políticas de consumo se diluyan dentro de las funciones del ministerio que ahora asume estas competencias. Dentro del nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, FACUA reclama que al menos se configure una secretaría de Estado de Consumo.

Mejoras legislativas y refuerzo del control del mercado

En cualquier caso, FACUA espera que el nuevo ministro, Pablo Bustinduy, y su equipo asuman las importantes mejoras legislativas y el refuerzo en el control del mercado que necesitan los consumidores ante los abusos y fraudes de los que son víctimas. Entre las numerosas denuncias que la asociación viene planteando en los últimos tiempos cobran un especial protegonismo las relacionadas con subidas ilegales en alimentos afectados por la rebaja del IVA; denuncias a las que Consumo no ha dado respuesta.

En este sentido, la asociación reclama una dotación suficiente de medios técnicos y humanos para el ministerio a fin de poder desempeñar su labor inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora, de la que se dotó en la anterior legislatura el Ministerio de Consumo como consecuencia de una histórica reivindicación de FACUA.

En lo que se refiere a los avances legislativos, la asociación espera que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 se plantee entre sus primeras iniciativas la elaboración de un anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que contemple el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a sus reclamaciones en el debido plazo. Se trata de una ley históricamente reclamada por FACUA que en la anterior legislatura llegó al Congreso pero no dio tiempo a que fuera votada, como igualmente ocurrió en el segundo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.